Empleo ingresará 350 millones por las prejubilaciones de firmas con beneficios

Poner coto a las prejubilaciones encareciéndolas proporcionará más de 350 millones de euros al año a las arcas públicas. Eso es lo que ha calculado el Ministerio de Empleo en el reglamento que ha preparado para que las empresas con beneficios que despidan a trabajadores de 50 o más años paguen el paro y las cotizaciones sociales de los afectados.

En julio del año pasado, aprovechando el trámite parlamentario de la reforma de pensiones, el entonces Ministerio de Trabajo, ahora de Empleo, aprobó una enmienda que obligaba a las empresas o grupos de empresas con ganancias que lleven adelante un despido colectivo que incluya prejubilaciones (despidos de trabajadores de 50 años o más) a que costeen el seguro de desempleo, las cotizaciones sociales y un canon adicional por los potenciales subsidios que el afectado puede cobrar por la dificultad de que alguien de avanzada edad pueda volver a encontrar trabajo. Sin embargo, ni los Gobiernos del PSOE ni el del PP habían desarrollado el reglamento preceptivo para que las compañías supieran cuánto y cómo pagar. Así que todavía no ha producido pago alguno por este concepto.

Al aplicarse este año, el Tesoro ingresaría también el dinero de 2011

El departamento que dirige Fátima Báñez ya ha redactado el reglamento, al que ha tenido acceso este diario, y se lo ha remitido a los sindicatos y los empresarios. En él, se incluye una memoria económica que, basándose en los datos de despidos colectivos de 2011, calcula que cada prejubilado supone un coste total de 101.422 euros para el Servicio Público de Empleo Estatal. El mismo documento especifica que el año pasado hubo 10.900 mayores de 50 años afectados por expedientes de regulación. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las empresas ganaban dinero ni todas tienen que pagar el 100% de esta cantidad, ya que varían según el tamaño de la firma, el número de prejubilados y los beneficios.

Aplicadas todas las variables, Empleo concluye que cuando entre el vigor el reglamento puede ingresar más de 350 millones de euros al año. Si esto sucediera este año, sería un alivio para unas arcas maltrechas, ya que el Tesoro no solo ingresaría el dinero de 2012 si no también el de 2011.

Con este reglamento, igual que con la enmienda a la reforma pensiones y la vuelta de tuerca que el actual Gobierno le dio en la reforma laboral, el Gobierno persigue poner trabas a las prejubilaciones. Cuando los mayores de 50 años pierden su empleo es muy difícil que vuelvan a encontrar, mucho más en medio de una recesión como la actual. Además, las prejubilaciones masivas, que habitualmente van asociadas a los despidos colectivos, van contra el objetivo de aumentar la edad real de jubilación, ya que cuando alguien en los últimos años de su vida laboral está en paro suele retirarse anticipadamente.

En este momento, muchas empresas están pendientes de la aprobación de este reglamento como de la redacción definitiva de la reforma laboral (que aumento el número de empresas afectadas al rebajar el listón de firmas de más de 500 trabajadores a firmas de más de 100). Esto se puede ver con claridad en el sector financiero. Hay pocos conocedores de esta industria que no pronostiquen una nueva oleada de cierres de oficinas y despidos colectivos en los bancos surgidos de las antiguas cajas de ahorros.