Hipotecados: 100.000 firmas a favor de la dación en pago

Hay datos oficiales sobre las ejecuciones hipotecarias, que acaban en subastas y, previsiblemente, en desalojo de la vivienda, y sobre los lanzamientos tras las órdenes judiciales de desalojo. Y si se cruzan ambos, se aprecia el desfase en el tiempo: las ejecuciones pueden alargarse hasta dos años antes de llegar al lanzamiento. Pero nada dicen de dónde van los que se han quedado sin hogar o cuál es el perfil. Incluso, “no permiten diferenciar entre los lanzamientos por no haber pagado el alquiler y los que se producen tras haber ejecutado la hipoteca”, comenta Adriá Alemany, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Alemany, junto con Ada Colau —también fundadora de la plataforma— ha pasado revista al proceso que se inicia con la burbuja inmobiliaria y el papel determinante en esta de las administraciones y las entidades financieras y llegan hasta la situación actual, siguiendo el día a día de la PAH en el libro Vidas hipotecadas (Ed. Cuadrilátero de Libros) que sale el 18 de junio.

En él, ante la insuficiencia de las cifras oficiales, presentan los resultados de una encuesta con una muestra de 6.000 afectados que han estado en contacto con la PAH.

Y estos son algunos de los datos que brinda: el 87% de las viviendas embargadas albergaban un hogar en el que había al menos un menor de edad. En el 34% había tres o más. También que Bankia, con el 16% de las ejecuciones hipotecarias, está a la cabeza del ranking de entidades ejecutantes, seguida por el BBVA (12%), el Santander (10%), CaixaBank (8%) y la CAM (7%).

En el 87% de los hogares embargados, según una muestra de 6.000, hay al  menos un menor

Otro de los resultados es que más de la mitad de los ejecutados tenían una hipoteca de menos de 200.000 euros; que el 49% está en paro, si bien el 27% ya no tienen prestación de desempleo; y el 10% son pensionistas y, contra lo que se cree, entre los que se han quedado sin hogar no pesa más el grupo de emigrantes: el 65% son españoles.

El libro refleja las actividades de la PAH. Entre otras, la paralización de 253 desahucios y, en paralelo, el proceso de recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la plataforma junto con otras entidades. Plantea la dación en pago para deudores de buena fe y retroactiva; que se destinen a alquiler social los pisos embargados y, dada la situación de desempleo, una moratoria para los desahucios.

La propia Asociación Hipotecaria Española ha calificado en su último comunicado la dación en pago de “instrumento importante”, equiparándola a la renegociación cuando se trata de gestionar el cobro de una hipoteca. Que la dación en pago se asuma en informes oficiales y se incorpore en la normativa por el propio Ministerio de Economía se debe a la presión social, según Alemany.

El economista se ocupa de supervisar el proceso de recogida de firmas para la ILP. Han tenido que esperar un par de meses desde que la Junta Electoral la aceptó a trámite y recibieron los pliegos para la firma sellados. También se ha dilatado la mesa electoral en validar a los 1.500 fedatarios que las recogen. Tienen de plazo hasta noviembre para recoger las 500.000 firmas necesarias. A pesar de los retrasos, en un mes y diez días el recuento asciende a 100.000 firmas conseguidas.

El 49% de los desahuciados está en paro; el 27% no recibe prestación y el 10% son pensionistas

Y, según Alemany, todavía no han reportado a la oficina de coordinación territorial las 60 plataformas locales con que cuenta la PAH —30 de ellas en el área metropolitana de Barcelona, donde nació en 2009— ni las que recogen sindicatos y otras organizaciones.

En Madrid, la Federación de Asociaciones de Vecinos actúa como sede y de allí han salido hacia las asambleas de barrio 4.900 pliegos que supondrían 147.000 firmas más. La primera remesa se entregará a finales de julio. También llegan adhesiones a través de la firma electrónica en http://www.quenotehipotequenlavida.org/.

“Queremos que el proceso sirva para crear debate y sensibilizar a la gente con nuestras demandas”, indica Alemany, que pide que se legisle para que se condicione el rescate de la banca a que los pisos procedentes de embargos conformen un parque de alquiler social.

La PAH, y no solo, habla de estafa inmobiliaria. En el camino, varios jueces han dictado sentencias que denuncian fallos en el procedimiento de ejecución hipotecaria, por ejemplo, cuando consideran “enriquecimiento injusto” que las entidades se adjudiquen los pisos por el 50% de su valor.