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¿La CAM?, pregunten al director general

La cúpula política de la caja que tuvo que ser intervenida por el FROB traslada la responsabilidad del naufragio al equipo que dirigía López Abad

“Cuando llegamos, la CAM era un politraumatizado”. José Antonio Iturriaga, administrador por encargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de Caja Mediterráneo o, mejor dicho, del Banco CAM tal y como se denomina tras la segregación de la obra social, no se fue por las ramas. En la comisión creada por las Cortes Valencianas para investigar qué pasó con una de las joyas del devastado sistema financiero valenciano, explicó que con el cambio de dirección en 2001 —fecha en que llegó a ella Roberto López Abad— la entidad emprendió “una huida hacia adelante”. Le llevó a un crecimiento del crédito de más del 300% y a una incidencia en el negocio del ladrillo tan agresiva que, de 53.000 millones de euros en préstamos concedidos, sólo 1.000 millones eran ajenos al sector inmobiliario.

El administrador desgranó los males: una morosidad demasiado alta, excesiva dependencia de los mercados mayoristas, “deficiencias significativas” en el sistema de control... Los diputados se revolvieron en sus asientos. Hasta el punto de que consideraron innecesario citar a los otros dos administradores del FROB, Tomás González Peña y Benicio Herranz. El 2 de mayo empezó un largo calendario de comparecencias al que se han negado a someterse el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y otros responsables del organismo supervisor, pero por el que han pasado ya dos directores del Instituto Valenciano de Finanzas para decir que no tenían competencias sobre la entidad.

El expresidente de la entidad carece de conocimientos financieros

Salvar la CAM, tras la intervención por el Banco de España en julio de 2011, ha exigido del Fondo de Garantía de Depósitos una inyección de 5.249 millones. Y según Iturriaga, que citó el pliego de cargos del Banco de España contra sus gestores (que pueden ser inhabilitados por 10 años), hubo “prácticas reprobables y no autorizadas”. A la espera de que el Banco de Sabadell se haga cargo de la entidad, su actual administrador anunció una demanda, cuyo ámbito no precisó, sobre los directivos de la CAM “en fechas próximas” por las improcedentes indemnizaciones que se aplicaron.

Tampoco se cortó Iturriaga al opinar que los consejos de administración de las cajas, con el peso de la designación política de sus miembros, “adolecen de falta de conocimiento, profesionalidad e independencia”. Para ratificarlo, sólo hubo que seguir, en las sucesivas sesiones de la comisión, las intervenciones de quienes formaban la cúpula de la caja. “Representar institucionalmente a la entidad” era toda la función de su cargo, declaró el presidente de la CAM, Modesto Crespo, un hombre muy próximo al exjefe del Gobierno valenciano Francisco Camps, ante unos parlamentarios que a duras penas contenían su estupefacción cuando añadió que carecía de conocimientos financieros.

Por más que el socialista Ángel Luna, la diputada de Compromís Mireia Mollà o el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró se esforzaran por mostrar su incredulidad (el popular David Serra estaba más preocupado por señalar al Banco de España y eximir a la Generalitat Valenciana de cualquier interferencia), Crespo negó conocer cuánto cobraban los directivos y dejó sin explicar por qué se autoconcedió retroactivamente dietas de 300.000 euros en una empresa participada por la caja. Quien presidió la CAM en un periodo en el que pasó de declarar 244 millones de beneficios a finales de 2010 a 1.136 millones en pérdidas seis meses después, echó balones fuera, pero dejó el más importante en el tejado de la dirección general.

Los ex directores generales, López Abad y Amorós, comparecen mañana en las Cortes Valencianas

Su vicepresidente primero, Ángel Martínez, tuvo menos escrúpulos a la hora de señalar con el dedo al director general. Aparte de atribuir su desgracia, como todos los responsables de la CAM que han pasado hasta ahora por la comisión, al fracaso del sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura (algo que ocurrió porque el consejo de administración se negó a evaluar a la baja los activos que la entidad alicantina aportaba al denominado Banco Base), Martínez insistió en que todo lo que llegaba al consejo de la CAM venía informado favorablemente por el equipo directivo encabezado hasta 2010 por López Abad y posteriormente por María Dolores Amorós. “Nuestra labor era analizar, dirigir y gestionar la obra social”, alegó este consejero de confianza del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. Tuvieron que recordarle (lo hizo el socialista Luna) que cobraba unos 100.000 euros anuales en dietas de empresas participadas por la CAM. Benito José Nemesio, vicepresidente segundo, se escudó también en que carecía de conocimientos para evaluar las operaciones que pasaban por el consejo y Armando Sala, que fue vicepresidente antes de que lo desplazaran por su adscripción zaplanista en las guerras internas del PP, llegó a apuntar que las actas de los consejos no están claras. “No se ajustan a la realidad”, señaló.

No es de extrañar que la expectación sea máxima para la sesión de la comisión parlamentaria que se celebrará mañana, en la que están citados López Abad y Amorós. En la sala todavía resuena la voz de Iturriaga, el administrador, cuando afirmó tajante que la CAM no habría sobrevivido aunque no se hubiera desencadenado la crisis económica global y que habría arrastrado a sus socios si hubiera culminado la fusión fría en el SIP.