El nuevo decreto amenaza con dejar en pérdidas a algunas entidades

La segunda reforma financiera del Gobierno en poco más de tres meses tendrá un fuerte impacto en la cuenta de resultados de bancos y cajas, hasta el punto de que parte de ellos podría incurrir en pérdidas si no logra diferir el saneamiento gracias a una fusión. Las nuevas exigencias de una cobertura media adicional del 23% del crédito promotor teóricamente sano pueden provocar que aumente la concentración del sector y que varias firmas, entre ellas Bankia y algunas cajas medianas, tengan que recurrir a ayudas públicas.

Con datos de cierre de año, las entidades con un mayor volumen de crédito promotor normal en sus cuentas eran Bankia (con unos 19.500 millones), La Caixa (con 13.650 millones a los que sumar otros 4.650 millones de Banca Cívica) y el Banco Santander (con 12.800 millones). Esa es la foto fija de cierre de año que, en principio, sirve de referencia al decreto, pero va variando este año. Las necesidades de provisiones, en todo caso, dependen de las garantías que haya para los créditos, algo que la mayoría de las entidades no detalla.

Bankia, la entidad presidida desde esta semana por José Ignacio Goirigolzarri ya era la que tenía un mayor volumen de activos tóxicos del ladrillo (unos 31.800 millones), pero también es la que tiene más créditos considerados teóricamente sanos, que ahora deberá provisionar. Esas nuevas necesidades obligarán al Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, a solicitar más ayudas públicas para mantener su solvencia una vez nacionalizada.

En el caso del crédito normal, además, el problema no está en la matriz, que actuaba como banco malo, sino en la propia Bankia. Con Rodrigo Rato como presidente, y antes de esta nueva vuelta de tuerca al saneamiento del ladrillo, los planes de la entidad pasaban por recapitalizarse con la conversión de preferentes en acciones, con la venta de activos y aun así veía ya la necesidad de recurrir a ayudas públicas.

La Caixa y el Santander son las dos siguientes entidades con más crédito promotor sano en términos absolutos, pero en proporción a su volumen el esfuerzo en provisiones, sobre todo en el caso del Santander, es mucho menor que en Bankia. Fuentes cercanas a La Caixa, que ya ha cumplido anticipadamente los saneamientos del anterior decreto, cifran las nuevas exigencias en unos 2.000 millones por Caixabank y 1.300 por Banca Cívica.

En términos relativos, las entidades con mayor crédito promotor en situación normal son algunas de las absorbidas o nacionalizadas como Caja Duero-España, Caja 3, Banco CAM o NCG Banco.

Los bancos se proponen no pedir dinero público para cumplir

Entre los bancos, los que tenían a cierre de año un mayor volumen de crédito teóricamente sano en relación a su inversión crediticia total son, sin contar el intervenido Banco de Valencia, el Banco Popular y el Pastor, que se han integrado este año.

Entre los nuevos saneamientos y los del anterior decreto, habrá muchas entidades que no puedan resistir con beneficios. Se da por hecho que las tres principales (Santander, BBVA y La Caixa) lo lograrán sin problemas y que el grupo BFA-Bankia tendrá pérdidas. También podrá superar las exigencias fácilmente Bankinter, que apenas tiene riesgo inmobiliario, y el Sabadell, con una protección para los activos inmobiliarios de Banco CAM. El Popular lo tiene más difícil, pero su margen de explotación, las plusvalías extraordinarias y los saneamientos asociados a la fusión con el Pastor le permitirán lograrlo. Ayer aseguró que cumplirá sin ayudas públicas y fuentes cercanas a la entidad cuantificaron el impacto del nuevo decreto en menos de 2.500 millones.

Entre las cajas, las que tienen más fácil cumplir son las vascas. El resto puede tener problemas, con lo que el decreto puede acelerar la integración de las medianas (Unicaja, Liberbank, Ibercaja y BMN) y otros procesos de concentración.

Bancos y cajas recibieron ayer con frialdad el nuevo decreto, que ha provocado cierto malestar, por ser la segunda vuelta de tuerca en tres meses. La AEB señaló que los bancos socios “van a hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir los nuevos y extraordinarios requerimientos acordados por el Gobierno” y que “se proponen hacerlo sin solicitar ayudas públicas, de forma que no se perjudique al contribuyente”. Por su parte, la patronal de las cajas señaló que “los grupos de cajas comparten el objetivo del Gobierno de despejar las dudas sobre la fortaleza de los balances” y que “el apoyo financiero por medio de instrumentos convertibles (conocidos como cocos) se considera clave para asegurar el cumplimiento de los objetivos”, admitiendo así la necesidad de ayudas públicas.

El Fondo de Garantía pedirá una derrama a las entidades

La reestructuración del sector financiero la está pagando, en su mayoría, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de las entidad financieras, pero que está exhausto, por lo que será necesaria una derrama especial de 18.000 a 20.000 millones.

“El FGD ha agotado sus recursos después de la privatización de Unnim”, por lo que “el planteamiento en estos momentos” es pedir a las entidades “una posible derrama especial” de las cuotas que tienen que aportar para cubrir el fondo y financiar así “las operaciones pendientes en estos momentos”, explicó ayer Luis de Guindos.