¿Será suficiente?

La gran pregunta sobre la reforma que aprobó el viernes el Gobierno es si calmará las tensiones de los mercados financieros y las dudas de nuestros socios europeos. A falta de conocer los detalles de estas medidas, que se conocerán el sábado por el Boletín Oficial del Estado, la reforma surge en la semana en que se ha producido la nacionalización parcial de Bankia y total de BFA, lo que constituye el ejemplo más claro de que las disposiciones que hasta ahora se habían adoptado no han podido evitar los serios problemas que afronta esta entidad financiera que, además, es claramente sistémica.

La reforma contempla la aprobación de un real decreto ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y la elaboración de dos informes de valoración externos sobre el grado de saneamiento de los balances bancarios. En primer lugar, se aprueba la elevación de las provisiones para los créditos y activos “sanos” relacionados con la promoción inmobiliaria del 7% al 30% (en promedio, con diferencias importantes entre suelo, edificios en construcción y edificios acabados) para finales de 2012, lo que se estima que supondrá un importante esfuerzo adicional a las entidades financieras españolas de 30.000 millones de euros. Asimismo, las entidades a las que el aumento de las provisiones genere una necesidad de capital, tendrán que capitalizarse en el mercado y, si no lo lograran, podrán solicitar el apoyo financiero del FROB bien mediante inyecciones de capital en forma de acciones, o a través de CoCos (capital contingente) con un tipo de interés del 10% y reembolsables en cinco años. Se ha aprobado también la creación de sociedades de gestión de activos, una para cada entidad financiera obligatoriamente, mediante las cuales se transferirán los activos problemáticos adjudicados con un precio de transferencia estimado a valor razonable.

El Gobierno está perfectamente legitimado para actuar sin eufemismos porque se van a dar ayudas públicas

Las medidas dan respuesta, al menos en parte, a las demandas y preocupación internacional por la situación del sector bancario en España. Los economistas que mantenemos un contacto frecuente con analistas, inversores e instituciones internacionales hemos sufrido en los últimos años las insistentes preguntas y dudas sobre la magnitud del deterioro de los activos en los balances bancarios en España. Dudas, al fin y al cabo, sobre la transparencia de nuestro sistema financiero. Ahora se abre un proceso en buena parte muy técnico en el que todos los que tengamos algo que ver con el sistema financiero deberíamos contribuir al logro del objetivo final: restaurar la confianza en el sector bancario español.

La reforma, por tanto, cuenta con tres elementos de resolución de problemas de estabilidad financiera. El primero, la valoración independiente de los activos, que abarcará a toda la cartera y no solo la del sector inmobiliario. Tanto la independencia como la completitud de la valoración son dos grandes bazas de la reforma. La obligatoriedad de la segregación de los inmuebles adjudicados a sociedades de gestión de activos ha sido un acierto, sin duda, porque evita una peligrosa segmentación a la hora de la valoración de activos entre entidades que hubiera puesto en cuestión, de partida, la eficacia de la medida. Es, por eso, probable que incluso las entidades que se embarquen en procesos de fusión no demoren (como la nueva reforma les permite) la creación de estas sociedades hasta diciembre de 2013, por pura señalización de mercado. El tercer pilar fundamental es el uso de CoCos, una poderosa arma de recomposición de estructura financiera y de disciplina de mercado que ayuda a aliviar la carga financiera de la deuda y, de paso, a elevar la solvencia. Eso sí, como ha mostrado el caso de Bankia, nada es gratis y el coste ha sido, desgraciada y penosamente, demasiado elevado para los actuales accionistas, sobre todo teniendo en cuenta que la oferta pública de venta que dio salida a Bolsa a Bankia es muy reciente.

La reforma cuenta con tres elementos de resolución de problemas de estabilidad financiera

Desde mi punto de vista, el éxito final de la reforma bancaria —y si es suficiente o no— dependerá en gran medida de que exista un backstop, un mecanismo de garantías creíble que asegure a los inversores que las posibles pérdidas actuales o potenciales que puedan producirse por deterioro de activos, estarán cubiertas. La valoración que se va a realizar puede suponer tener que aportar garantías muy elevadas, más allá de los recursos que están disponibles actualmente. Además, no hay que olvidar que algunas de las operaciones de adquisición de entidades financieras recientes incluyen esquemas de protección que hacen al Estado garante ante eventuales pérdidas y, asimismo, la nacionalización de Bankia puede requerir la inversión de más recursos públicos. Si el Estado además asume con la nueva reforma la cobertura contingente de desfases de capital en las entidades financieras españolas no bastará solo que se diga que esa garantía existe sino de dónde saldrán los recursos para ello. Al fin y al cabo aún no se ha hablado del potencial problema que pueden suponer otros activos (hipotecas, por ejemplo) si el deterioro macroeconómico persiste. Por tanto, el esquema de garantías —y de dónde vendrían los recursos— tiene que quedar claro desde el principio y las próximas semanas serán cruciales para definirlo. En este punto, el Gobierno está perfectamente legitimado para actuar sin eufemismos porque se van a dar ayudas públicas (aunque sean reembolsables y no engrosen el déficit) pero es que son ayudas absolutamente necesarias porque lo que está en juego es una cuestión primordial de Estado, la estabilidad financiera y, sin ella, todo lo demás no funcionará.

Santiago Carbó Valverde es catedrático de Economía de la Universidad de Granada.