Bolivia se compromete a negociar con Red Eléctrica el precio de la expropiación

El Gobierno de Evo Morales se ha comprometido a negociar con Red Eléctrica de España un precio justo por la expropiación de su filial en Bolivia, según confirmó ayer el ministro de Energía boliviano, Juan José Sosa. El compromiso firme del país latinoamericano, que se ha dado un plazo de 180 días para que un experto independiente establezca la valoración de los activos de Transportadora de Electricidad, tranquilizó al Gobierno español. El ministro de Economía, Luis de Guindos, calificó de “negativa” la nacionalización. Pero reconoció que la voluntad negociadora de Morales contrasta con la expropiación fulminante de la participación de Repsol en YPF por parte de Argentina, donde la prensa ha insinuado que la petrolera española puede no cobrar “ni un peso”.

En un tono relativamente conciliador, alejado de las soflamas de algunos miembros del Gobierno acerca de la expropiación de YPF, Guindos explicó que Bolivia ha dado “garantías” al Ejecutivo acerca de que va a compensar a la empresa por las inversiones efectuadas en la red de electricidad. Bolivia ha hecho llegar las citadas garantías tanto a José Manuel Soria, ministro de Industria, como a José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores.

El anuncio, el martes pasado, de la expropiación de Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica desde 2002 y responsable del 74% de las líneas de transmisión de electricidad de Bolivia, se produjo dos semanas después de la expropiación de YPF por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el impacto de la decisión de Morales, que desde que llegó al poder en 2006 ha nacionalizado una veintena de empresas, parece menor, tanto por el tamaño de la empresa expropiada como por la voluntad del Estado boliviano de llegar a un acuerdo para fijar un precio.

Lejos de amenazar con represalias como sucedió en el caso argentino, el Ejecutivo español apuntó ayer que será el propio mercado el que castigue ese tipo de decisiones por la vía de la inseguridad jurídica. “Son decisiones negativas para esos países porque tienen consecuencias a medio plazo desde el punto de vista del desarrollo económico y de la garantía de las inversiones”, afirmó Guindos a su entrada al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE en Bruselas.

Los analistas le dieron la razón: “Bolivia va a tener más dificultades en el futuro para atraer las inversiones necesarias para su desarrollo. En España no van a ir mucho más allá del coste para los accionistas de Red Eléctrica. Aunque de alguna manera se va cayendo el mito de las inversiones españolas en Latinoamérica: esa concentración de inversiones en una región con un gran riesgo político siempre ha despertado dudas”, explicó Francesc Trillas, profesor de la Autónoma de Barcelona e investigador del Instituto de Economía de Barcelona. “España haría bien en ganar credibilidad en los sectores regulados. Pero la credibilidad no se gana desmantelando el regulador energético ni cambiando precisamente al presidente de Red Eléctrica cuando hay un cambio de Gobierno, ni tolerando el nombramiento de políticos en los consejos de las grandes empresas energéticas”, abundó.

Preocupación en Bruselas

La Comisión Europea, por su parte, mantuvo una línea parecida a la del caso YPF: se declaró “preocupada” por la expropiación de la filial boliviana de Red Eléctrica de España, consideró que este paso envía una “señal negativa” a los inversores internacionales y pidió al Gobierno de Evo Morales una “compensación rápida y adecuada”, explicó el portavoz de Comercio, John Clancy. Pero de alguna manera Bruselas vuelve a lavarse las manos: fuentes de la Comisión aludieron al carácter bilateral de esa inversión y explicaron que son el Gobierno español y la propia Red Eléctrica quienes deben responder.

La empresa española indicó en un comunicado que respeta la “decisión soberana” sobre la estructura del sector eléctrico de Bolivia, “siempre que este proceso responda a los principios internacionales de derecho”. Red Eléctrica añadió que “se pone a disposición del Gobierno de Bolivia para comenzar las negociaciones pertinentes, confía en llegar a un acuerdo para alcanzar una compensación adecuada y defender así los intereses de sus accionistas”.

El presidente Evo Morales decretó la reversión del paquete de acciones de Red Eléctrica en el Día del Trabajo como un “justo reconocimiento a la lucha del pueblo boliviano para recuperar sus recursos naturales”. La medida, que sorprendió a propios y extraños, ha sido recibida con preocupación fuera del país, en el sector energético boliviano y en la oposición, que considera la decisión un intento de aplacar la oleada de protestas sociales que desde hace meses pone en peligro la reelección de Morales en 2014.

“Nos sentaremos y negociaremos”, dijo el ministro de Energía boliviano en una conferencia de prensa, durante la cual los funcionarios gubernamentales dieron cuenta de un balance preliminar de la gestión de la empresa española, más bien negativa para las autoridades. Morales acusa a Red Eléctrica de no invertir lo suficiente en el país, pero la empresa replica que la reducción de inversiones se ha producido por decisión del Gobierno boliviano.

La mayor parte de los expertos en energía han expresado su convencimiento de que la expropiación perjudicará el empeño del país por atraer inversiones. “Lo que refleja es una inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversores”, coincidieron en señalar los analistas Armando Méndez y Armando Álvarez en los medios de comunicación.