La Audiencia Nacional no suspende a Iberdrola una liquidación de la CNE
La eléctrica está obligada a abonar 193 millones de euros para financiar el déficit tarifario
La Audiencia Nacional ha rechazado esta mañana suspender a Iberdrola la liquidación del mes de enero aprobada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) que obliga a la eléctrica a pagar 193 millones de euros para la financiación del déficit tarifario. El auto explica que la "no adopción de la medida cautelar no produce una perturbación tan grave de los intereses de la eléctrica", que no ha sido condenada a pagar las costas del proceso.
El escrito recoge que el pago que se exige a Iberdrola "no es sino uno más de una larga serie de liquidaciones mensuales que durante años ha venido atendiendo la CNE para la corrección del déficit tarifario" que se genera cuando los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes y que alcanza los 24.000 millones.
El auto recuerda que la Audiencia Nacional ya había desestimado la suspensión cautelar el 10 de abril y obligaba a la eléctrica a abonar la cantidad reclamada antes del 12 de abril, exigencia que cumplió "para evitar posibles sanciones". En el momento actual, el débito de la compañía asciende a 2.197 millones de euros, más de la mitad de las ganancias de la compañía en 2011. Su recuperación podría demorarse hasta 15 años, aunque la sala cree que esta cantidad no resulta determinante y el hecho de que la misma pueda aumentar los próximos meses debe "atemperarse" con el éxito que tenga la empresa a la hora de titulizar esta deuda eléctrica.
Iberdrola señalaba que estas obligaciones rebasan el ámbito del interés privado por tratarse de un servicio esencial, por lo que "debe buscarse la financiación del déficit a través de otras posibilidades". Además, el auto considera que "estamos ante un sistema de financiación del déficit tarifario del sector eléctrico para hacerlo viable, regulado por normativa de rango legal y el mantenimiento de ese sistema".
La empresa puede interponer un recurso de reposición contra el auto de la Audiencia Nacional en cinco días.
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