Cuentas municipales poco claras

Al Gobierno le preocupa y mucho la situación de las cuentas municipales. No se fía del estado real de sus balances. Casos como el de Jerez de la Frontera (Cádiz), con una deuda inasumible que mantiene el municipio al borde de la quiebra, o Parla, que ha destapado un endeudamiento oculto durante los años del boom inmobiliario, han puesto en guardia al Ejecutivo central.

La preocupación tiene fundamento: uno de cada tres municipios (31,66%) aún no ha presentado sus cuentas ante la Cámara de Cuentas territorial, según la nueva web del Tribunal de Cuentas. Es decir, de los 8.114 Consistorios que hay en España, 2.569 aún no han presentado la liquidación de presupuestos de 2010. Además, uno de cada cuatro aún no ha entregado los balances de hace cuatro años. El 76,9% de los Consistorios ha eludido la fiscalización de los presupuestos de 2008.

Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) admiten que hay pequeños municipios, de menos de 15.000 habitantes, que tienen problemas para elaborar y liquidar sus presupuestos. Otras localidades, admiten, eluden la fiscalización sin motivo aparente alguno. Los datos del Observatorio de Rendición de Cuentas de Entidades Locales revelan, además, que menos de la mitad de las mancomunidades (45%) ha realizado la rendición pública de las cuentas de hace dos años.

Por comunidades, solo el 17,9% de los Ayuntamientos andaluces ha presentado la rendición de cuentas de 2010. Y la mitad, el 57%, aún no ha entregado ante el órgano fiscalizador la liquidación de los presupuestos de 2008. En Madrid (52,25%) o Castilla-Mancha (52,79%), la mitad de los Consistorios aún no han entregado sus liquidaciones de 2010.

Los Consistorios más pequeños tienen dificultades para rendir cuentas

El ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, deslizó una sombra sobre las cuentas municipales al asegurar que hay Ayuntamientos que esconden facturas en los cajones. Fuentes del ministerio admiten la dificultad para recabar información de los municipios.

Hacienda ha retenido las transferencias por la participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado (PIE) a cerca de 500 municipios que en enero no habían entregado todos los datos de la liquidación presupuestaria de 2010. Las cifras del Tribunal de Cuentas y del ministerio difieren porque los alcaldes no tienen que remitir una información tan detallada a Hacienda para recibir los fondos como al órgano fiscalizador para que las audite.

Para lograr que las localidades afloraran toda la deuda pendiente, el Gobierno ha ideado el plan para pagar a proveedores con el que pretendía destapar las facturas escondidas y también para que los proveedores puedan cobrar las cantidades aplazadas durante meses.

El ministerio ha retenido las transferencias a unas 500 localidades

El plan se ha saldado, de momento, con una deuda comercial descubierta de 9.584 millones de euros. El Ejecutivo ignoraba la cuantía real que debían los Ayuntamientos y había previsto un fondo de hasta 35.000 millones, a repartir entre comunidades y Ayuntamientos. En total, 4.622 alcaldes han presentado una relación de 1,9 millones de facturas impagadas.

El temor de Hacienda alcanza al sector público empresarial municipal. Montoro ha manifestado que algunas entidades locales han recurrido a empresas públicas para ocultar su deuda o esconder facturas. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas señala que existen 1.793 empresas, fundaciones, y consorcios dependientes de los Ayuntamientos, según la base de datos del sector público español. Fuentes de la FEMP admiten que existen sombras sobre el número de empresas públicas locales, en las que los Ayuntamientos tienen una participación menor al 50% del capital. Esas empresas no están reconocidas por Hacienda, ni están incluidas en ningún registro.

Un informe elaborado por el Consejo General de Economistas (REA) revela que de las 18.261 entidades del sector público local solo se han auditado un 5% de las fundaciones. “Se muestra una debilidad muy significativa en la utilización de la auditoría en el sector público local”. El estudio precisa que “este hecho pone de manifiesto importantes deficiencias en la gestión económica local”. El REA concluye: “Se deduce la urgente necesidad de incrementar de forma significativa el grado de control a través de la realización de auditorías en el sector público español”.

La reciente Ley de Estabilidad pretende poner luz sobre las cuentas públicas. La norma obligará a los Ayuntamientos a presentar el estado de sus cuentas trimestralmente. Si Hacienda detecta desviaciones sobre el nivel de deuda comprometido o de déficit, pondrá en marcha un exigente mecanismo de control que podrá concluir en una intervención.

Una de las medidas para paliar los problemas de liquidez de los Consistorios, el plan de pago a proveedores, exige a los Ayuntamientos que se acojan a este mecanismo que presenten un detallado plan económico financiero. Y deja en manos de la Intervención del Estado el control de esos planes. También abre la puerta para las auditorías externas.