El Supremo anula el despido a un empleado que denunció acoso

Juan Carlos Benítez llevaba trabajando para la aseguradora Mapfre 17 años cuando, a finales de 2007, una reorganización en la empresa lo situó bajo las órdenes de un nuevo jefe. Según su relato, el acoso laboral o mobbing empezó a los pocos meses: le quitaron todas sus atribuciones, que pasaron a la persona que hasta entonces había estado bajo sus órdenes. Decidió comunicar la situación a la dirección de recursos humanos. El médico le dio la baja: “crisis de ansiedad”. Finalmente inició una demanda para extinguir su contrato por acoso el 5 de febrero de 2009. La empresa respondió al día siguiente comunicándole su despido disciplinario. Después de tres años de litigios, el Tribunal Supremo anula ese despido por “vulneración de la garantía de indemnidad”, es decir, porque considera que la empresa lo echó en respuesta a su denuncia.

El Supremo cree que “no existen elementos para convalidar el despido”. La empresa tenía conocimiento de la forma de actuar del empleado, entonces jefe de Aprovisionamiento, “que no era un comportamiento oculto”, y no hizo nada al respecto hasta que él decidió “denunciar la situación de acoso a que estaba siendo sometido”, según el Alto Tribunal. Mapfre inició una investigación interna tras la denuncia de mobbing que hizo Benítez. El auto afirma que “evidenció una situación de conflicto laboral tensa y difícil y, en lugar de apaciguarla, decidió actuar contra el demandante mediante una cadena de reacciones que finalizaron con el despido”.

El Supremo anula el despido porque considera que la empresa lo echó en respuesta a su denuncia por 'mobbing'

El Supremo ratifica así en julio de 2011 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a su vez confirmaba la del juzgado de lo social número 12 de Madrid. El despido era nulo por vulneración de derechos fundamentales y Mapfre estaba condenada a readmitir al trabajador en las mismas condiciones y a pagarle el sueldo que había dejado de percibir durante el litigio. “La parte actora [Benítez] ha probado indicios suficientes de represalia por haber denunciado ante la empresa a su superior jerárquico”, afirma la sentencia del juzgado de lo Social número 12 de Madrid. La empresa atribuyó a Benítez en la carta de despido la contratación con tres empresas a un precio superior al fijado. “En el acto de juicio han quedado desvirtuadas todas y cada una de las imputaciones”, señala el fallo.

Benítez volvió a su puesto en septiembre de 2011. “Me sentaron en una mesa, apartado de todo el mundo, sin teléfono ni ordenador”, relata el afectado a EL PAÍS. “No tenía nada que hacer. Pero las represalias habían empezado mucho antes, cuando poco después de despedirme me pusieron una querella por estafa y falsedad documental”, continúa. Tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia provincial la archivaron, esta última en septiembre de 2009.

Un par de meses después, Benítez decidió querellarse contra toda la comisión directiva de Mapfre, incluido su entonces presidente, José Manuel Martínez. Acusaba a la cúpula de la aseguradora de acusación falsa, falsedad documental y falso testimonio porque, según el texto de la querella, la empresa ocultó documentos, alteró datos económicos y presentó presupuestos falsos para tratar de acusarle de estafa. La querella está aceptada a trámite en un juzgado de Madrid.

Poco después de despedirle, al afectado le pusieron en su empresa una querella por estafa y falsedad documental

Hoy Benítez, casado y con una hija, vuelve a estar de baja. Un mes después de volver a su trabajo en Mapfre, en octubre de 2011, sufrió una trombosis de retina y perdió la visión en el ojo izquierdo. “Estoy convencido de que fue por el estrés que me provocó la situación, por las represalias de la empresa. Entre otras cosas, manipularon los datos que se facilitan a la Agencia Tributaria y me atribuyeron un sueldo muy superior al mío”, relata. Afirma estar decidido a continuar con la querella, en la que señala a toda la cúpula directiva porque, dice, todos conocen su caso. El presidente cambió en una junta de accionistas celebrada el 10 de marzo. EL PAÍS intentó recabar la versión de la aseguradora Mapfre, que cotiza en el Ibex 35 y ganó el año pasado 963 millones de euros, que respondió que no se pronuncia sobre la relación con sus empleados.