Causa de desafección

Las amnistías fiscales violentan principios políticos, eluden problemas hacendísticos, constituyen una renuncia a las responsabilidades de gestión tributaria y no tienen unos efectos económicos claros.

Que quienes violen las normas fiscales eviten sus responsabilidades, penales o administrativas, juega en detrimento del pacto político en que descansa el sistema fiscal. Todos nos ponemos de acuerdo en hacer un esfuerzo para financiar los bienes y servicios públicos. La amnistía convalida comportamientos ilegítimos y supone que algunos contribuyentes no paguen impuestos según su capacidad económica real. No han sido solidarios, pero se les premia con una rebaja de la que no disfrutan los que cumplen con sus obligaciones. Así no se cumplen los principios constitucionales de generalidad en el gravamen, justicia en la carga tributaria y pago según la capacidad contributiva. El resto de ciudadanos encontrará nuevas razones para dejar de creer en la equidad del sistema.

Seguramente que la medida responde a necesidades recaudatorias. Ahora bien, si el sistema fiscal no es capaz de aportar recursos suficientes debería pensarse en las modificaciones que lo hagan más eficaz; y estas deben adoptarse de forma ordenada, cumpliendo con principios políticos, jurídicos y económicos. En abril de 2010, la Comisión publicó un documento sobre financiación innovadora ante el contexto de crisis y las dificultades para obtener recursos tributarios adicionales. El documento valora diversas opciones como el gravamen del sector financiero —no soporta IVA en la mayoría de sus operaciones— y sobre las emisiones de CO₂.

Por otro lado, la propuesta supone renunciar a la labor de control tributario. Aun así, según Julio López Laborda y Fernando Rodríguez Sauco (El análisis económico de las amnistías fiscales: ¿qué hemos aprendido hasta ahora?), hay un resultado de estos procesos que es apoyado por un buen número de trabajos empíricos: su papel para facilitar etapas de mayor lucha contra el fraude. Pero no parece que el Gobierno disponga de una estrategia para reforzar esta labor de la Agencia Tributaria. Estamos en un proceso de recortes. Se anuncia el endurecimiento de las sanciones, pero si no se incrementan y mejoran las actuaciones de inspección, de poco va a servir.

En cuanto a su eficacia, nadie lo sabe, porque nadie sabe con exactitud cuántos defraudadores hay ni a cuánto alcanzan las rentas ocultas. Los teóricos solo coinciden en que se acogen quienes defraudan ocasionalmente. Este hecho supone además que las amnistías nada garantizan sobre incrementos futuros de recaudación.

Juan López Rodríguez es doctor en Derecho Tributario y funcionario de la Comisión Europea.