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Novagalicia Banco prescinde de otros 700 empleos para ahorrar 60 millones

El acuerdo incluye la posibilidad de reducir la jornada al 75% de la plantilla

Con colas de clientes en la mayoría de sus oficinas, la excaja de ahorros gallega ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para suprimir otros 700 empleos, que se suman a las 1.200 prejubilaciones consumadas en 2010. Con apenas un par de cambios, los sindicatos mayoritarios dieron por bueno ayer el preacuerdo al que llegaron hace 10 días para aplicar medidas de ahorro que supongan un recorte de 60 millones de euros al año.

De las 700 salidas indemnizadas, 350 se articulan en un ERE voluntario para mayores de 55 años. El resto del personal se podrá acoger a bajas a cambio de recibir un pago de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades y un tope máximo de 200.000 euros.

De las 700 salidas indemnizadas, 350 se articulan en un ERE voluntario para mayores de 55 años

Además, la excaja de ahorros nacionalizada —el FROB posee un 93% del capital— podrá suspender de manera rotativa el contrato de trabajo o reducir la jornada del 75% del personal (unas 5.000 personas). Los salarios entre 25.000 y 35.000 euros se rebajarán un 2%, porcentaje que aumenta hasta el 14,6% para las retribuciones superiores a 115.000 euros. La suspensión del contrato de trabajo podrá extenderse durante seis meses consecutivos y comenzar en cualquier momento entre el próximo 16 de abril y octubre de 2014. Con un preaviso de 15 días, los empleados afectados por cierres de oficina (un máximo de 450 personas), pueden ver suspendido su empleo durante un año o reducida su jornada a la mitad durante 24 meses.

Todo ello es, para patronal y sindicatos, un ejemplo de “flexibilidad”, y de “soluciones innovadoras”. El director de Relaciones Laborales, Benito Couceiro, lo calificó de “acto de valentía”, para “buscar soluciones diferentes” y lo relacionó con la “nueva forma de hacer banca” de NCG, que acaba de estrenar la marca EVO fuera de su comunidad de origen.

José María Castellano, presidente del banco, intenta que el Gobierno autorice que los inversores interesados (fondos extranjeros) gocen de un esquema de protección de activos contra las pérdidas que no estén cubiertas por las provisiones actuales. Sin esa fórmula, la entidad se vería abocada a una absorción.

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