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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Delenda est autonomia

Las comunidades son las responsables del mayor desvío en el déficit, pero el grueso es del Estado

Xavier Vidal-Folch

Delenda est Carthago —Cartago debe ser destruida—, proclamaba el senador romano Catón, con ocasión y sin ella, un siglo y medio antes de Cristo.

Delenda est Monarchia, escribió José Ortega el 15 de noviembre de 1930 en El Sol, sembrando el camino a la República.

Delenda est autonomia, sugieren algunos desde que la FAES publicó en 2010 su pionero estudio Por un Estado autonómico racional y viable, que abrió paso a la gran campaña contra el "despilfarro" regional. Dicho en más suave: "Las dificultades de liquidez son una auténtica oportunidad para imponer duras condiciones" a las comunidades autónomas para que controlen el déficit, como se sinceró Luis de Guindos (Financial Times, 5 de enero).

Con la revelación del déficit público de 2011 arrecia la tormenta antiautonómica. La responsabilidad de las autonomías en el desvío del déficit es dramática e incontestable: supone el 60% del desfase registrado. Y se reparte entre PSOE, PP, nacionalistas, tripartitos, regionalistas y demás. Es una herencia compartida y no producto de la obsesión gastadora del rojerío.

Así, el modelo está sesgado a favor de la Administración central.

Pero el problema es mucho más profundo que el incumplimiento de 2011. El problema es que el sistema está perversamente diseñado. Partimos de que el gasto público se reparte así: autonomías, 36,2%; Seguridad Social, 29%; Gobierno central, 22%; municipios, 12,8%, como establece la profesora de Hacienda Maite Vilalta —datos para 2008— en Los servicios prestados por los municipios españoles, Fundación Democracia y Gobierno local, Madrid, 2010. Operemos sobre esos datos y las tripas del déficit, permitido y real de 2011, y surgirán tres inquietantes conclusiones:

1. El sacrificio exigido a las autonomías era seis veces superior al pedido al Gobierno central. El tope de déficit permitido para el Estado era del 4,8%; del 1,3% a las autonomías. (Por tanto: 4,8/1,3= 3,6). El gasto central sobre el de las autonomías era de 22 contra 36,2 (=0,6). Al cabo, 3,6:0,6= 6.

2. El margen del déficit del Estado era del 80%; el de las autonomías, el 20%. El objetivo, incumplido, de déficit (6%) era mucho más holgado para el Gobierno central: 4,8% sobre 6%= 80% del total. Para las autonomías, 1,3% sobre 6%= 20%.

3. El Estado incurrió en la parte del león del déficit. El cierre real del déficit fue del 8,51%. Pese a la mayor desviación de los entes subestatales, el grueso se lo llevó el Gobierno central: 5,10% sobre 8,51%=50%; mientras que las autonomías supusieron 2,94% sobre 8,51%= 30%. El resto, municipios y Seguridad Social.

¿Ha habido despilfarro? Por supuesto.

Así, el modelo está sesgado a favor de la Administración central. ¿Es razonable? En parte, pues es el Estado quien dispensa los grandes estímulos y el que pecha con las dos grandes partidas en tiempo de vacas flacas, el desempleo y la mayor cuantía de los intereses de la deuda.

Pero no en tanta medida, pues la mayor parte del gasto autonómico, en torno al 75%, se dedica a enseñanza, sanidad y servicios sociales. Es un gasto muy poco elástico (más difícil de recortar que el militar), y muy expansivo: crece cuando aumenta la población, apenas baja cuando decrece, se incrementa con el mayor bienestar y las mejores expectativas... Aparte del racaneo en los Fondos de Convergencia, o de los gastos causados por la “deslealtad” institucional (cuando el Gobierno decide gastar, pongamos en dependencia, y pagan las autonomías), cifrados en un 5% del presupuesto en el caso catalán. El diseño “le hace un flaco favor al Estado de bienestar”, comenta Vilalta, porque la descentralización del gasto no es paralela a la de los ingresos.

¿Ha habido despilfarro? Por supuesto. Pero es poco relevante en términos macro —otra cosa es la escandalera—; no explica el grueso del desvío en el gasto autonómico. Imaginen que las comunidades solo atendiesen sanidad, educación y servicios sociales y suprimiesen todo lo demás (TV, consejerías, urbanismo...) Ahorrarían un 25% del gasto; reducirían el déficit en un cuarto. Si este fue para ellas del 2,94%, habría bajado al 2,10%: muy por encima del 1,3% planteado como objetivo. Un imposible total.

Miren a Cataluña, laboratorio de la política de recortes. Tras un año de austeridad casi griega, solo ha logrado reducir su déficit en medio punto del PIB. Ha desbordado su propia cifra del 2,6%, hasta el 3,7%. Y eso que no mandaba el diabólico tripartito, sino el clan, mon Dieu, de “los mejores”.

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