La exjefa de la CAM intentó engañar al Banco de España tras la intervención

Quizá con el tiempo, el comportamiento de los gestores de la Caja Mediterráneo (CAM) sea fruto de un estudio psicológico. Tuvieron hasta cuatro oportunidades para aceptar una fusión que les hubiera salvado del escarnio público que ahora viven. Caja Murcia, Caja Madrid, Cajastur y la BBK negociaron comprar la CAM pero los gestores, sentados sobre un barril de pólvora, no quisieron ceder su poder y firmaron su sentencia de muerte.

Esta obstinación, contraria al sentido común a tenor de las cuentas que se han conocido, pudo provocar también que el Banco de España les concediera más prórrogas de las debidas para que buscaran su futuro. La falta de sentido de la realidad (o de la impunidad) también lo demostró la ex directora general, María Dolores Amorós. Según el texto de la carta de despido, Amorós trató de engañar a los interventores del Banco de España incluso después de que estos tomaran posesión de sus cargos tras la nacionalización de la caja, el pasado 22 de julio.

Obviamente, para hacerse con el control de la caja, el Banco de España ya sabía la situación real de la CAM, pero Amorós prefirió actuar como si nada hubiera pasado. “Reiterando la presentación engañosa de resultados, usted propuso a los administradores provisionales designados por el FROB en su sesión en junta del pasado 1 de agosto [...] presentando una cuenta de resultados a 30 de junio que arrojaba un beneficio de 81,1 millones, lo cual fue rechazado”. Los interventores enseñaron otro papel que decía que la CAM perdía 1.136 millones. “Usted insistía en la transmisión de una situación desvirtuada”, dice la carta que agrupa los argumentos para su despido procedente.

Amorós exige vía judicial, una indemnización de 10 millones por haberle quitado la pensión vitalicia de 370.000 euros. El Banco de España, que le despidió de forma procedente el 27 de septiembre suspendiéndole sus derechos económicos, cree que hizo un cálculo ilegal de la pensión que le llevaría a tener un ingreso extra de 1,1 millones. José Antonio Iturriaga, interventor de la CAM, cree que el “engaño, la manipulación de resultados y los graves daños infringidos a la entidad” son más del ámbito penal que laboral.

Amorós fue directora general desde diciembre de 2010 a agosto de 2011. En 2010 presentó beneficios ficticios, por lo que la CAM repartió dividendos y bonus a la plantilla y a la dirección. Lo curioso es que en su obsesión por dar beneficios, según el supervisor, Amorós quitó provisiones de todas las partidas. Incluso la destinada a las prejubilaciones de la alta dirección, que ascendía a 15,5 millones. Aun así, las cobraron.

Todo esto aumentó el agujero. El Sabadell se quedó con la CAM tras recibir 5.249 millones del Fondo de Garantía de la banca, que las entidades recuperarán cobrándolos a sus clientes. Además, la caja podría perder unos 12.000 millones más en créditos incobrables. Amorós y los gestores han dejado un reguero de 50.000 accionistas y titulares de preferentes en una situación límite.