Los hijos de Ruiz-Mateos pagaban sus hipotecas con el dinero de los inversores

El informe de investigación en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su "alto nivel de vida", según el auto de dictado el 15 de febrero. Parte del dinero acumulado en la sociedad que actuaba como caja única de todo el conglomerado, y a la que llegaba dinero de diferentes empresas y de los pagarés que compraron inversores particulares, se usó entre otras cosas para pagar la hipoteca de las casas de los hijos varones del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos. Hay 78 millones de los que se desconoce su destino. El juez ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las investigaciones abiertas, durante las que además se ha detectado "numerosa documentación" sobre la presencia de las sociedades del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.

La investigación que se incluye en el auto, hecho público hoy, hace referencia a las conclusiones del Informe V, elaborado como resultado de "las diligencias practicadas por la Policía, la Unidad de Delincuencia Económica, la Fiscalía, la Brigada de Blanqueo de Capitales y de la Comisaría de Policía Judicial del CNP, así como a las de los cuatro anteriores". En dichas pesquisas, se concluye que Bardajera, la sociedad que gestionaba la caja única oficial de Nueva Rumasa, "recibió desde su constitución hasta el 15-04-2011 más de 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, gran parte de ellos procedentes de los inversionistas que adquirieron pagarés". Los pagarés eran anunciados en televisión y prensa para captar a pequeños inversores, a los que se prometía una alta rentabilidad.

La policía ha detectado que Nueva Rumasa captó 146 millones de euros en efectivo "o en B" que no pasó por Hacienda

 "Este dinero [los 673 millones de la caja única] se distribuyó de la siguiente manera: parte se destinó a inyectar liquidez en las empresas del grupo que en cada momento estuviesen más necesitadas y parte a devolver los intereses de los pagarés que iban venciendo. Pero además, según los testigos y la documentación analizada en el presente informe, sirvió para pagar las hipotecas de las viviendas de los hijos varones de José María Ruiz-Mateos, para aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia, para mantener su alto nivel de vida y para que, desde las cuentas de Bardajera, se sacaran en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final", desgrana la investigación policial.

La policía ha detectado además “la posible existencia de un elevado número de inversiones” presuntamente llevadas a cabo “con dinero entregado en efectivo o en B, y por lo tanto no declaradas debidamente ante la Hacienda Pública, recogiendo la investigación policial un total de 716 nombres de diferentes clientes o inversores, y un montante total de efectivo líquido invertido por este concepto que ascendería a los 146 millones de euros”.

Desde las cuentas de Bardajera se sacaran en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final

Las conclusiones, recogidas en el auto, subraya que de los documentos aportados por la propia familia Ruiz-Mateos se desprende que los pagarés fueron emitidos por 13 mercantiles del grupo, obteniendo así una inversión de 337,3 millones de euros, realizada por 4.110 inversores. Sin embargo, incide en que esta información no coincide con la documentación obtenida en los registros de las viviendas de los Ruiz-Mateos. La empresa, apunta la documentación "tenía graves problemas de liquidez", y si los intereses de los pagarés fueron abonados en un principio, fue posiblemente gracias a un "efecto piramidal": con los nuevos inversores pagaban los intereses de los antiguos con sus aportaciones. "Hasta que en enero del 2011 se impidió, mediante Ley, la que sería conocida como cuarta emisión de pagarés, se evidenció así toda la problemática generada con las emisiones anteriores y afloraron consecuentemente las denuncias y querellas que fundamentan el presente informe, puesto que como no había nuevos inversores no había fondos para poder pagar ni los intereses ni el principal de los antiguos pasivistas", concluye la policía.

Tres imputados y seis testigos

El juez ha llamado a declarar en calidad de imputados, el próximo 1 de marzo, al abogado Manuel Sánchez Marín y a sus colaboradores Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, que fueron los que articularon la estructura societaria de Nueva Rumasa y que gestionaban la 'caja única'. El auto explica que las sociedades matrices de las empresas españolas se encontraban en domiciliadas en Holanda. Sin embargo, las dueñas del capital social Nueva Rumasa estaban domiciliadas en Belice. Además, sitúa en Suiza "la famosa hucha" de los Ruiz-Mateos.

El mismo día declararán en calidad de testigos los gestores del conocido como "el banquito" de Nueva Rumasa, José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa y Pere Varias Font, los tres fueron detenidos el pasado martes por la Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz) y puestos en libertad posteriormente tras declarar por su vinculación al holding de la abeja. También comparecerán como testigos el 1 de marzo el director del Rayo Vallecano hasta su venta el pasado mes de mayo, Jesús Fraile Delgado, y los dos testaferros Susana Álvarez Ampuero y Rufino Martín-Maestro García.

Por otra parte, las investigaciones concluyen que el nuevo dueño de Nueva Rumasa, el empresario valenciano experto en empresas en quiebra, Ángel de Cabo, "tiene en su poder" toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de las matrices holandesas de Nueva Rumasa y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo. De Cabo, que adquirió 75 sociedades de Nueva Rumasa a través de la sociedad Back in Business, también está imputado en la causa y declarará ante el juez junto a dos de sus colaboradores los próximos 28 y 29 de febrero. El grupo empresarial acumulaba deudas de 1.500 millones de euros.

Se ha detectado presencia del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.

El auto hecho público explica que entre "las estrategias seguidas por De Cabo para lograr el máximo beneficio" de su compra se encuentra "la elaboración de documentos predatados y su inclusión en procedimientos judiciales, prácticas de extorsión, coacción y/ o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes". En junio de 2011 la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de los presentada por un grupo de inversores en pagarés y abrió esta causa en la que, por el momento, se encuentran imputados José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental.

El levantamiento del secreto de sumario se adopta en relación con una pieza separada del caso, a excepción de una parte, cuyo secreto parcial se prorroga por el plazo de un mes, con el objetivo según el juez Ruz de que las partes personadas puedan acceder a su contenido y ejercer plenamente su derecho de defensa.