Álava devuelve al Estado 145 millones del primer pago del 'caso Rover'

La Diputación de Álava ha abonado a la Hacienda estatal, a través de la liquidación del Cupo y de los ajustes de IVA y otros impuestos especiales, 145 millones de euros correspondientes al primer plazo del importe total que tiene que devolver al Estado del denominado caso Rover. Aunque formalmente es la Diputación alavesa la que tiene que pagar al Estado 435 millones de euros por el caso Rover, en función de la Ley de Aportaciones vasca, al final sólo tendrá que desembolsar 22 millones, ya que el Gobierno autónomo se hará cargo de 305 millones, la Diputación de Bizkaia de 65 millones y la de Gipuzkoa, de otros 43 millones.

Esta situación tiene su origen en el pago que hizo a Euskadi el Gobierno entre finales de 2009 y principios de 2010, correspondiente a la devolución del IVA por las operaciones de importación de vehículos de la marca Rover hizo desde 1990 hasta 2005. El Tribunal Supremo falló a favor del Estado al entender que es la Administración central la competente para la exacción del IVA por las operaciones interiores de bienes efectuadas por Rover España porque su sede social está en Madrid y no en Álava.

En la liquidación de este mes de diciembre del Cupo y de los ajustes de IVA e impuestos especiales se ha incluido el primer pago (145 millones) de los tres en los que se ha fraccionado el total de lo que se adeuda por el IVA de Rover, según fuentes del Departamento de Economía. Los dos abonos restantes al Estado por este concepto se liquidarán en 2012 y en 2013.

Aparte de lo referente al caso Rover, en la liquidación del Cupo y de impuestos especiales y de otros ajustes de diciembre, el Estado ha abonado a Euskadi aproximadamente 145 millones de euros correspondientes a estos conceptos, han confirmado las mismas fuentes. Quedan pendientes, una vez más, las liquidaciones correspondientes a la financiación de la Ley de Dependencia y del programa educativo Eskola 2.0, debido a las discrepancias que existen entre ambas Administraciones. También siguen las diferencias entre las dos Administraciones en torno al "provisional índice de actualización del Cupo", aspecto sobre el que no hay acuerdo.

El conflicto sobre las liquidaciones entre el Estado y Euskadi surgió en 2007, cuando ambos Ejecutivos no se pusieron de acuerdo sobre cómo reflejar en el Cupo la financiación de la Ley de Dependencia y el programa Eskola 2.0 de introducción de ordenadores en las aulas. El pasado mes de julio, la Agencia Tributaria descontó 206 millones de euros en una transferencia que hizo al País Vasco para compensar el IVA y en esa cantidad incluyó 24 millones de euros de los 435 que las autoridades vascas deben devolver al Gobierno por el llamado caso Rover. La medida no sentó bien en el Gobierno vasco y en septiembre decidió también no pagar más de 100 millones de euros.

La vigencia de la Ley Quinquenal del Cupo 2007-2011 concluye mañana y desde su entrada en vigor no permitió hacer cierres de liquidaciones anuales por las diferecias de criterio entre los ejecutivos central y vasco a la hora de interprtarla, por lo que todos los cierres han sido provisionales, han precisado las mismas fuentes. El Gobierno de Patxi López ha mantenido las mismas discrepancias con el Ejecutivo central que las que sostenía anteriormente el tripartito presidido por Juan José Ibarretxe, por lo que el conflicto sigue sin resolverse. Al concluir este año la vigencia de esta ley quinquenal, se debería haber empezado a negociar la nueva legislación, pero el cambio de Gobierno en Madrid ha obligado a posponer esta negociación. La Ley del Cupo actual se prorrogará hasta que se redacte una nueva.