Un estudio señala a Suiza, Islas Caimán y Luxemburgo como los paraísos fiscales más activos

La organización Tax Justice Network, apoyada por académicos, activistas y ONG, acaba de sintetizar en un índice de secretismo financiero lo que era un secreto a voces. Los aireados esfuerzos del G-20 por eliminar el blindaje de los paraísos fiscales han tenido resultados muy modestos. Tras un prolijo análisis de 72 jurisdicciones -las más opacas y las más relevantes en los mercados globales financieros-, los investigadores concluyen que los criterios que usó la OCDE para elaborar una lista negra de paraísos fiscales son "inadecuados e ineficaces".

La publicación de esa lista negra de jurisdicciones poco cooperativas con las autoridades, fiscales y judiciales, del resto del mundo fue una de las medidas estelares de la cumbre del G-20 en Londres, en abril de 2009. "La era del secreto bancario ha terminado", proclamó entonces el presidente francés, Nicolás Sarkozy. A los pocos meses, ninguna plaza financiera estaba ya en esa lista maldita y apenas un puñado figuraba en otra lista gris. ¿Es ahora más fácil para las autoridades de otros países conseguir datos de personas con cuentas en paraísos fiscales? La investigación de Tax Justice Network revela que el avance en el intercambio de información, simbolizado en los cientos de acuerdos bilaterales suscritos desde 2009, se queda en el papel, apenas tiene efectos prácticos. Muchos paraísos fiscales captan incluso más dinero que antes, de acuerdo a los datos del Banco de Pagos Internacionales. Y, según el análisis de Tax Justice Network, Suiza, Islas Caimán y Luxemburgo, ocupan, por este orden, el pódium de "jurisdicciones opacas" más activas.

"Los resultados de la investigación muestran que las jurisdicciones más opacas han aumentado su actividad", resume Isabel Ortigosa, de InspirAction, una ONG que colabora con Tax Justice Network en la plataforma No a los paraísos fiscales y ha difundido la investigación en España. "La opacidad de los paraísos fiscales facilita delitos como el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal", recalca Ortigosa en la nota que acompaña al informe. Los investigadores de Tax Justice Network han elaborado su índice a partir de una doble medida: las barreras a las peticiones de información por autoridades de otros países y la relevancia de la jurisdicción en el mercado financiero global.

La investigación puntúa en una escala, de 0 a 100, como se comportan las jurisdicciones analizadas en una quincena de aspectos (publicación de datos, secreto bancario, registro de fundaciones, respuesta a las peticiones de información). Entre las más opacas (con puntuaciones por encima de 75) están Suiza y muchas de las plazas financieras que han dado fama al concepto de paraíso fiscal (Islas Caimán, Jersey, Belize, Barbados o Gibraltar). La relevancia en los mercados financieros aúpa a Suiza a la primera posición, pero también sitúa a Luxemburgo en el tercer puesto y a EE UU en el quinto -a los nortemericanos se les afea la legislación de algunos estados, como Delawere, que promueve la creación de fundaciones oscurantistas-. Por la misma razón, Japón y Alemania están entre las diez jurisdicciones opacas más relevantes.

La investigación incluye a los 20 mayores exportadores de servicios financieros, motivo por el que también se analiza a España. El resultado es que la normativa española es la más transparente entre las 72 juridicciones investigadas, aunque su peso en el sector financiero la sitúa en el puesto 53 del ranking.

Tax Justice Network destaca el ascenso de algunas plazas asiáticas como Hong-Kong o Macao en la captación de fondos opacos, una evolución que los investigadores relacionan con la oposición de China a cualquier avance en medidas significativas contra los paraísos fiscales en el seno del G-20. El grupo de países ricos y emergentes tiene previsto revisar la eficacia de su política contra los paraísos fiscales en la cumbre de Cannes (Francia) a principios de noviembre. Pero sigue dando señales contradictorias: Alemania y Reino Unido acaban de firmar sendos acuerdos con Suiza, por los que recibirán dinero en compensación (parcial) de los impuestos que debían pagar los titulares de cuentas suizas. A cambio, renuncian a exigir los datos personales de esos contribuyentes.

Lo que sí empieza a asumir el G-20 es la ineficacia de los criterios establecidos para salir de la caduca lista negra de paraísos fiscales. Bastaba con firmar acuerdos de intercambio de información con otras 12 jurisdicciones -contaban, por ejemplo, los acuerdos entre paraísos fiscales o con países con estructuras fiscales muy débiles-. En la inmensa mayoría de esos acuerdos bilaterales se exige a la autoridad nacional que pruebe antes que hay alguna irregularidad fiscal o, incluso indicios de delito -algo casi imposible sin contar a priori con la información bancaria-. Y esos acuerdos bilaterales siguen contando para evitar la lista negra incluso cuando no haya dado lugar a intercambio de información alguno.