La UE y el FMI admiten progresos y volverán a Atenas para negociar

Dos nombres servían ayer para ejemplificar a la perfección la lucha por la supervivencia que desgarra a la sociedad griega. A un lado, el de Kerasia Danasi, funcionaria que tras 22 años en el Ayuntamiento de Atenas ha visto cómo su sueldo ha menguado de 1.000 a 700 euros. Y al otro, Dimitris Repas, ministro de Reformas Administrativas, que acaba de enviar una carta a sus compañeros de Gobierno para que redacten un listado del personal prescindible con la idea de reducir en un 30% el número de trabajadores de los ministerios. "Quieren convertir este país en algo más parecido a los Balcanes que a Europa Occidental", protestaba ayer la funcionaria Danasi en la plaza ateniense de Klafthmonos, donde los sindicatos habían convocado una manifestación contra los recortes que están al caer.

Los que están al caer y los que ya han caído. Porque según dijo ayer en la radio otro responsable gubernamental, los costes laborales que arrastra la Administración pública se han reducido en un 5%. Además, 200.000 personas que trabajaban para el Estado han dejado de hacerlo en los dos últimos años "de una forma u otra". Con esta expresión, el viceministro Angelos Tolkas se refería a las plazas de funcionarios jubilados que no se han cubierto y a la no renovación de contratos temporales. "Estamos en estado de emergencia. Es la realidad que tenemos que afrontar", añadió. Pero estos ajustes no bastan: Grecia se ha comprometido a suprimir otros 150.000 empleos públicos hasta 2015. Todo, con tal de dejar este año el déficit público en torno al 7,6% del PIB. Es la única forma de lograr la ayuda de la UE y del FMI imprescindible para que el país no caiga en la bancarrota. "Vamos a luchar contra el desmantelamiento del sector público que pretende llevar a cabo el Gobierno. Estas medidas solo nos llevan a la miseria. Ahora no hay suficientes empleados en los hospitales, ni profesores. La situación es trágica", señala a este periódico la portavoz del sindicato mayoritario de la función pública, ADEDY.

Además de la manifestación de ayer, la organización ha convocado otras protestas para este mes y una huelga general el 6 de octubre.

Mientras esto ocurría, el ministro de Finanzas retomaba ayer la videoconferencia con los tres responsables de decidir si el país merece o no la ayuda externa: la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Las dos horas y media de reunión del día anterior habían sido "productivas y sustanciales", según las palabras del Gobierno griego. Se discutieron los presupuestos de 2011, 2012 y 2014. Los contactos seguirán en Washington en la asamblea del FMI.

Desde el otro lado de la negociación, los inspectores de la Unión Europea, FMI y BCE había optimismo. Ayer dijeron que regresarán a Atenas a principios de la semana que viene tras los "buenos progresos" en las negociaciones mantenidas este martes sobre los nuevos ajustes que debe aplicar Grecia para recibir ayuda de emergencia por 8.000 millones. "Se han realizado buenos progresos y las discusiones técnicas continuarán en Atenas los próximos días", anunció la Comisión en un comunicado.

Como es habitual en esta crisis griega-europea que dura ya casi dos años, las agencias de calificación intervienen justo en el momento que más daño pueden hacer. Ayer fue el turno de la más pequeña de las grandes, Fitch, que vaticinó la próxima suspensión de pagos de Grecia, pero no su salida de la zona euro. "El coste de romper la unión monetaria sería demasiado elevado como para permitirlo", dijo la agencia, según Efe. "Las preocupaciones sobre el riesgo de ruptura del euro son exageradas", dijo David Riley, director de calificaciones de deuda.