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La crisis del euro

El Consejo de Ministros griego aprueba el plan de ajuste

El Ejecutivo de Papandreu envía al Parlamento las medidas de austeridad, que aún deben ser supervisadas por la troika

El Consejo de Ministros griego aprobó a última hora del miércoles el proyecto de ley que contiene el impopular conjunto de medidas de austeridad y privatizaciones por valor de 78.000 millones de euros, y que deberá llegar al pleno del Parlamento el lunes o martes, donde será sometido a votación el jueves de la próxima semana, según indicó el Ministerio de Finanzas en un comunicado. La aprobación del nuevo plan de ajuste antes del 3 de julio es la condición que impuso el Eurogrupo para conceder a Atenas el quinto tramo de ayudas internacionales de 12.000 millones de euros.

Tras superar la moción de confianza del Parlamento el martes por la noche, logrado en solitario por la mayoría de diputados socialistas, el Gobierno de Yorgos Papandreu se apresta ahora a cumplir las exigencias de la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El primer ministro presentó ayer a los miembros del Ejecutivo las propuestas de ley que acompañan el paquete de medidas de austeridad, y en la reunión se decidió que mañana sean enviadas a la comisión de Finanzas del Parlamento.

El ministro del ramo, Evangelos Venizelos, anunció que se reunirá hoy con los jefes de la misión de la UE, el FMI y del BCE en Atenas. Venizelos ha mantenido dilatadas reuniones con los supervisores de la troika para dar los últimos toques a los textos sobre las medidas que presentará a la comisión de trabajo del grupo parlamentario socialista.

Algunos miembros del partido de Papandreu se están alejando del proyecto de ley, como un diputado por la región de Kozani (norte del país) que otorgó su voto de confianza a favor del Gobierno aunque ayer declaró que no aprobará las medidas. Es el segundo desertor del PASOK en 48 horas.

Las medidas a asumir por Grecia en los próximos cuatro años son de máxima severidad, cuya justicia social ha sido puesta en duda incluso por el propio Venizelos. "Existe un problema de balance moral de las medidas y de justicia interior", reconoció el nuevo ministro de Finanzas el martes. Atenas planea percibir mediante la recaudación de impuestos y el recorte del gasto público unos 28.300 millones de euros hasta 2015, de los cuales 6.500 millones deben entrar este mismo año.

Según los medios locales, el Gobierno está obligado a reducir los sueldos en el sector público además de recortar hasta 2015 la plantilla en un 25%, lo que equivale a 150.000 funcionarios. Los empleados públicos ya no percibirán pagas extraordinarias pero deberán trabajar más horas, con una semana laboral que pasará de 37,5 a 40 horas.

Los recortes de Venizelos incluyen -por primera vez en tres décadas- un recorte del presupuesto para comprar armamento, que en 2013 bajará en 250 millones de euros, y otros 350 millones en 2014. Además, el Ministerio de Defensa, considerado en Grecia como un Gobierno dentro del Gobierno por su enorme presupuesto cuyos detalles no se hacen públicos, ha cancelado pedidos militares por 830 millones de euros.

Gracias a una mayor carga impositiva, el Gobierno espera recaudar unos 2.450 millones de euros adicionales este mismo año y otros 3.600 millones de euros entre 2012 y 2015. Por ejemplo, los profesionales autónomos, que hasta ahora cuentan con muchos privilgios fiscales, deberán pagar impuestos a partir de unos ingresos anuales de 12.000 euros y quienes ganen más de esta cantidad tendrán que contribuir con el 1% hasta al 3% a un fondo para financiar el seguro de desempleo. También se introducirán nuevas tasas sobre las viviendas valoradas por encima de los 200.000 euros y sobre bienes como automóviles de lujo, mansiones, yates y piscinas en jardines particulares.

Un punto relevante del programa es la privatización de activos del Estado. que junto con las privatizaciones de empresas estatales, está destinado a recaudar 50.000 millones de euros hasta 2015. El recorte de beneficios sociales y de aportaciones del Estado a las pensiones será de 833 millones este año y de 5.400 millones entre 2012 y 2015, lo que junto con los recortes de salarios y despidos aumentará el clima de descontento social.