La fiscalía de Barcelona se querella contra los exgestores de La Seda

La Fiscalía de Barcelona ha presentado ante el juzgado de instrucción decano de El Prat de Llobregat una querella criminal contra los antiguos gestores de La Seda, entre ellos el expresidente Rafael Español y el exdirector general, Aurelio González Isla, además de otros exdirectivos, por cuatro operaciones que contribuyeron a la descapitalizción de la empresa química. Las irregularidades detectadas pueden ser constitutivas, de varios delitos de apropiación indebida, falsedad, administración desleal, delito fiscal y contratos simulados, entre otros.

La primera operación descrita por el fiscal es la venta en 2008 de mercancías a clientes de Rusia y Túnez, en concreto de 60.000 toneladas de un material plástico para la fabricación de envases que se correspondían, en principio, a stocks de fabricación de La Seda. Estas ventas nunca fueron pagadas por los clientes, que aseguran no haber recibido nunca la mercancía, y la fiscalía afirma que existen indicios de que se trató de "meros apuntes contables" y de un caso de "facturación ficticia", sin que nunca existiera un movimiento real de mercancía.

La segunda operación a la que hace referencia la querella es la concesión de dos préstamos participativos a Jatroil, uno de 2,4 millones y otros de 17,4, para llevar a cabo un proyecto de I+D para la producción de biocombustibles, y otro de búsqueda de terrenos y emplazamiento para el cultivo de estas plantas. Estas sumas de dinero fueron a parar a la sociedad Nuevo Sol Granadella, del grupo Provimola, administrada por el querellado Carlos Gutiérrez Mondedeu, que no hizo ninguna gestión de localización ni compra de terrenos. El fiscal calcula en 18,1 millones de euros el menoscabo que provocó esta operación en el patrimonio de La Seda.

La tercera operación, con la que La Seda perdió 8,3 millones, se centra en una compraventa de acciones propias, a partir de la solicitud de un préstamo sindicado a Deutsche Bank, con el objetivo de burlar la prohibición de autocartera, aunque después la sociedad que intervino, Fibracat, volvió a desprenderse de las acciones en 2009 mediante la venta a Alquiler e Inversiones Ibiza. El fiscal asegura que esta operación ha de merecer una investigación complementaria, así como otra detectada en el expediente que incoó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV).

Por último, el fiscal hace referencia a una operación de venta ficticia de licencias de tecnología protagonizada por Provimola, a la que se transfirió el derecho de explotación de una patente química para fabricar y explotar plantas industriales de plástico PET en Oriente Medio y Portugal.