Directivos de Caja Madrid estudian reclamar el bonus en los tribunales

No fue un consejo de administración tranquilo. Todo lo que supone remover fantasmas del pasado en Caja Madrid, la era Blesa, levanta ampollas y ayer no fue una excepción. Pese a todo, terminó con un acuerdo aprobado por unanimidad. La entidad presidida por Rodrigo Rato acordó no pagar los 25 millones en un plan de pensiones que correspondían al expresidente de la entidad, Miguel Blesa, y otros nueve miembros del comité de dirección durante el periodo 2007-2010. Los afectados, sin embargo, se plantean recurrir la decisión ante los tribunales a partir del 1 de abril, ya que los fondos de pensiones se debían dotar el 31 de marzo de 2011.

El consejo decidió "finalizar, no renovar y no reconocer" los derechos de cobro del plan de incentivos a largo plazo, después de varias horas de discusión. Durante los cuatro años de vigencia del plan, los beneficios de la caja cayeron desde los 1.000 millones de aquel ejercicio hasta los 256 millones. Es la primera vez que una entidad financiera española toma una decisión así, que será recurrida por los afectados.

CatalunyaCaixa estudia en el consejo de hoy el pago del bonus del segundo semestre de 2010 a un grupo de directivos. La fusión CatalunyaCaixa (Caixa Cataluña, Manresa y Tarragona) tiene 1.250 millones de ayudas públicas y ha pedido 1.000 millones más. El pago de premios a directivos de entidades que han recibido ayudas públicas ha provocado fuertes polémicas en otros países como Reino Unido o EE UU.

El viernes pasado, la comisión de retribuciones de Caja Madrid aprobó "aplazar" el pago de las pensiones hasta que se devolvieran los 4.465 millones de ayuda pública solicitados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Sin embargo, tras un intenso fin de semana de consultas jurídicas, la comisión presentó tres opciones ante el consejo. Y, como ya ocurría en el pasado, el fantasma de la política volvió al consejo. La primera opción, la más suave, entendía que se debía abonar los 25 millones porque el contrato era legal y estaba aprobado por el consejo de 2006. Esta postura favorable a Blesa contó con el apoyo de consejeros del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Alberto Ruiz Gallardón. Un representante sindical también defendió esa tesis. Sin embargo, eran clara minoría, según fuentes del consejo.

La discusión continuó para analizar la siguiente propuesta: no se debe abonar hasta devolver el fondo de rescate, pero sí reconocer sus derechos, lo que abría la posibilidad de pagar más adelante. Representantes de la izquierda se mostraron a favor de esta tesis porque entendían que ofrecía seguridad jurídica. Hasta este momento, Rato no intervino en la discusión.

La bomba llegó con la última propuesta: no se debía pagar ni reconocer los derechos de pensión de los ejecutivos. La razón esgrimida fue que, además del FROB, existe una Directiva Europea, la 2010/76, que aún no ha adoptado España, que permite retrotraer los derechos de cobro de bonus de los directivos cuando el Estado ayuda a la entidad o se perjudica el balance con la morosidad, por ejemplo.

Los consejeros de la Comunidad de Madrid defendieron con uñas y dientes esta posibilidad. Los de Gallardón se resistieron a admitirlo. Fue entonces cuando Rato tomó la palabra para apoyar con fuerza la tesis de no pagar, y el acuerdo fue aprobado por unanimidad. La misma unanimidad con la que en 2006 se admitió pagarles. No obstante, el departamento jurídico ha tomado la precaución de condicionar la decisión del consejo a la trasposición de la Directiva. En la caja creen que el Gobierno aprovechará la Ley de Economía Sostenible para incorporar la normativa de la UE.

En el consejo hubo reproches contra Blesa porque "aunque se aprobaron las líneas generales del plan en 2006, nunca trajo a discusión el reglamento que detallaba la manera de calcular las cuantías de pensiones". Otros consejeros criticaron que el FROB no tuviera previsto prohibir bonus cuando se reciben ayudas.

El principal beneficiario del plan es Blesa que en agosto de 2012, cuando cumpla 65 años, podría hacer efectivo su importe. Enrique de la Torre, ejecutivo que se jubiló en 2009, tiene dotada su cantidad. Carlos Martínez, ex consejero delegado de la Corporación Cibeles, sería el primero que rescatar el dinero por su edad. La lista incluye a otros directivos, como Ricardo Morado, Mariano Pérez Claver, Ildefonso Sánchez Barcoj, Juan Astorqui, Rafael Spottorno, Matías Amat, Carmen Contreras y Ramón Ferraz. De todos ellos, sólo continúan en "puestos clave" de Caja Madrid Sánchez Barcoj, director financiero, y Matías Amat, director general de participadas.

Según CC OO, los incentivos a largo plazo eran una forma de "fidelizar" a los ejecutivos con una remuneración adicional al llegar a la jubilación, "si permanecían en la entidad, no si ya no están".

Entre los afectados, la opinión es muy diferente. "Es un derecho de unos trabajadores por cuenta ajena aprobado por el consejo, que no se puede retrotraer. Son derechos consolidados". Se plantean recurrir la decisión ante los tribunales a partir del 1 de abril, ya que los fondos de pensiones se debían dotar el 31 de marzo de 2011. Caja Madrid no duda de que Blesa, y otros directivos, acudirán a los tribunales. Los afectados explican que el plan se basaba en el incremento del beneficio bruto y del balance desde 1997 hasta 2010. También restaba por las caídas, como ocurrió en dos ejercicios, y disminuía mucho en caso de pérdidas. "Se aplicó un periodo largo para no recoger sólo los momentos de bonanza", dicen.