Salgado adelanta la publicación de datos autonómicos ante la presión de los mercados

Moodys ha vuelto a hacer sangre en uno de los flancos débiles de la credibilidad de la economía española: la solvencia de la Administración autonómica. Gobierno y comunidades ya pactaron hace dos semanas acabar con una larga etapa de falta de transparencia y publicar, a partir de 2011, el estado de las cuentas autonómicas trimestre a trimestre. El objetivo era evidenciar que los datos no sostienen tesis como las que repiten de forma machacona las agencias de calificación de deuda: la supuesta dificultad de las comunidades para reducir sus déficits públicos. La falta de datos alimenta la sospecha, que se extiende a toda pastilla por los mercados. Y, vista la velocidad de los acontecimientos, la vicepresidenta económica ha optado por adelantar a la próxima semana la publicación de la primera remesa de datos autonómicos actualizados.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó crear un grupo de trabajo para debatir cómo presentar cifras de ejecución presupuestaria lo más actualizadas posible de forma homogénea. Y se marcó como objetivo iniciar la serie en mayo de 2011 con las cifras de ejecución presupuestaria del primer trimestre del próximo año. Ya entonces, con la que caía en los mercados, pareció una fecha demasiado lejana. La renovada presión sobre la deuda pública española tras el rescate de Irlanda y las dificultades de las comunidades para colocar emisiones de títulos han persuadido al Gobierno de que hay que adelantar de forma drástica el calendario.

Salgado ha anunciado que la próxima semana se publicarán los datos de ejecución presupuestaria de cada comunidad del tercer trimestre de este año. Y, en conversación con varios periodistas tras la rueda de prensa, ha detallado que Economía pretende escenificar esta presentación de datos en un acto conjunto con las comunidades autónomas. La vicepresidenta no concretó si esa participación correría a cargo de la vicepresidencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que corresponde siempre a un Gobierno autónomo (ahora, al de Castilla y Léon, del PP), o si se abrirá la invitación a todos los consejeros de Economía.

Los datos de ejecución presupuestaria de los dos primeros trimestres, aunque no se hicieron públicos, permitieron al Gobierno asegurar que las comunidades cumplirán los objetivos presupuestarios de 2010 (un déficit del 2,4% del PIB), lo que permitió desbloquear la autorización de emisiones de deuda pública autonómica, en el tramo convenido en junio. Y, por primera vez, también se hizo público que dos comunidades (Murcia y Castilla-La Mancha) no habían hecho los deberes, por los que se les impedía endeudarse más.