El Gobierno valenciano suprime 15 entidades públicas para ahorrar 115 millones de euros

El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha anunciado hoy que la Generalitat ahorrará 115 millones de euros con la supresión o fusión de nueve fundaciones públicas y seis sociedades mercantiles participadas por el Gobierno valenciano. Tras el pleno del Consell, Camps ha explicado que esta medida se toma en el marco del Plan de Austeridad para 2010, que prevé en total un ahorro de 308 millones de euros contenido en los presupuestos de la Generalitat para este ejercicio.

La reducción del número de entidades de la Administración valenciana -de ella dependen ahora 26 sociedades mercantiles, 40 fundaciones y 14 entidades de derecho público- se realizará por extinción o fusión, en un proceso que tiene un horizonte de tres años. En cualquier caso, la Generalitat asumirá las deudas de las entidades que desaparezcan o sean fusionadas.

Una de las sociedades afectadas es Mundo Ilusión. El consejero ha dejado abierta la posibilidad de "revitalizar" su objetivo. En ese caso, se haría cargo de la actividad de gestión la sociedad Proyecto Cultural de Castellón y si hay que ejecutar alguna infraestructuras, será Proyectos Temáticos la encargada. El parque de Mundo Ilusión es un proyecto emblemático para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de baja por enfermedad. La Generalitat prometió en su momento una fuerte inversión en el proyecto, y después condicionó su realización a la participación privada. Ahora liquida la sociedad poco después de que la empresa Marina d'Or, adjudicataria del PAI de 18 millones de metros cuadrados que debe construirse entre Cabanes y Oropesa para desarrollar Mundo Ilusión y Marina d'Or Golf, anunciara que el plazo de conclusión se estima "20 a 25 años". El pasado abril, Fabra llegó a vaticinar un "enfrentamiento importante" con Gerardo Camps si no se reactivaba la sociedad Mundo Ilusión, que ya había desactivado el Consell seis meeses antes. Al final, se incluyó en los presupuesto de 2010.

Las otras sociedades que se verán afectadas por el plan son: Mundo Ilusión, que se extingue porque se encuentra "inactiva"; Sol i Vivendes Valencianes, Sol y Vivendes del Mediterrani y Nuevas Viviendas Valencianas, que desaparecen; Comunitat Valenciana de Inversions y el Instituto Valenciano de la Exportación se fusionan -queda el IVEX como sociedad- y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, se fusionan -queda como sociedad la primera, desaparece la segunda-.

Las fundaciones que se fusionarán, extinguirán o en las que la Generalitat dejará de participar como patrono son: Favide, Fundación para el Estudio de la Violencia Reina Sofía y Tolerancia Cero se integrarán en una única entidad; Fundación de Eficiencia y Calidad Empresarial desaparece, también la Fundación de Investigación del Audiovisual, así como la Fundación Antonio Cabanilles de Altos Estudios Turísticos, y la Fundación para el Medio Ambiente.

Mientras, la Fundación de las Artes Escénicas y la Fundación para la Promoción de las Artes Contemporáneas se fusionan; y dejan de estar en la Fundación Marca de Garantía Puerto de Valencia. Camps ha afirmado que el proceso de reducción "se inicia ahora" y, en algunos casos desaparecerán cargos directivos si "no tienen ningún sentido".

El consejero de Economía también ha propuesto "formalmente" que "todos los gobiernos autonómicos se bajen los sueldos al nivel del Gobierno de la Generalitat". Ha sido su respuesta al ser preguntado por la intención del PP de Extremadura de que los políticos españoles bajen su sueldo un 15%. Gerardo Camps aseguró, no obstante, que su propuesta es "bastante mejor" y supone "mucho más ahorro".

El responsable de Hacienda ha recordado, asimismo, que el Plan de Austeridad del Consell de 308 millones contempla cinco ejes de acción: contención de gastos de personal, con la congelación de sueldos de altos cargos y personal eventual; reorganización del sector público; reducción de un cinco por ciento de los gastos de funcionamiento; reducción de las subvenciones corrientes en un 35% y la racionalización de la inversión pública.