Valencia no quiere tomates marroquíes

Valencia no quiere tomates y naranjas marroquíes en Europa. Menos aún, si no se producen en igualdad de condiciones con las explotaciones europeas. Las Cortes Valencianas han aprobado hoy exigir al Gobierno español que aproveche la presidencia de turno de la UE para reclamar las mismas exigencias que se imponen a las exportaciones comunitarias, a los productos hortofrutícolas que vienen del país vecino. Además, instarán al Ejecutivo a solicitar la no ratificación del acuerdo firmado con Marruecos el pasado diciembre.

La propuesta no de ley, aprobada con los votos de PP y Compromís y la abstención del PSV, busca incluir en claúsulas sobre condiciones laborales y sociales en los acuerdos comerciales con los países que no son miembros de la Unión Europea. Según los partidos que han apoyado la propuesta, la iniciativa europea se ha olvidado de la agricultura mediterránea, a la que está utilizando como "moneda de cambio" para favorecer a la "agricultura continental y atlántica". España ya se opuso hasta el último minuto y ante la Comisión a que la UE firmase el acuerdo, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

El sector hortofrutícula, especialmente afectado en Andalucía y Valencia, se une así a la batalla que libra desde hace meses el campo español contra una legislación europea que, según las organizaciones de agricultores, favorece la liberalización y la deslocalización de la agricultura.

Josep María Pañella, diputado de Compromís, una heterogénea amalgama de partidos nacionalistas y de izquierda, critica que los agricultores valencianos "dan para que se reciban compensaciones por otros lados".

Fernando Giner, del PP, ha señalado que el acuerdo firmado con Marruecos es un pacto "preferencial que beneficia directamente a los intereses de Marruecos". Antoni Lozano, del PSPV, cuyo grupo se ha abstenido durante la votación, ha insistido en que no se puede pautar desde las Cortes cuál debe ser la política comunitaria en materia hortofrutícola.

Agricultura sostenible

"Nos están destrozando", denuncia Miguel López, secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG). "Están desmantelando nuestro sistema de producción", añade. El pasado sábado, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA convocaron en Granada una concentración con motivo de la cumbre UE-Marruecos. López aplaude la iniciativa de las Cortes Valencianas: "Deberían exigirles las mismas normas sociales, laborales y, también, medioambientales".

López denuncia que a la mayor exigencia del mercado de trabajo español y del estado de bienestar social se suman los controles sanitarios y duda de su efectividad para los productos que provienen de terceros países. "No somos capaces de combatir las plagas porque no tenemos productos fitosanitarios, como no podemos utilizar materias activas, las alertas se han eliminado y, así, las materias no pasan los controles necesarios".

Pero para Lozano, decir que los productos de los países no comunitarios no cumplen los requisitos establecidos por ley "es lo mismo que decir que hay inseguridad alimentaria en la Unión Europea".- El socialista ha tachado la propuesta valenciana de desleal e hipócrita.

El secretario general de COAG, sin embargo, se queja de que la legislación actual perjudica también al trabajador marroquí -siete veces más barato que uno español, según López-, ya que las exportaciones benefician a "empresas mixtas" nacidas a partir de acuerdos entre empresas europeas que buscan terrenos más baratos y la oligarquía marroquí. "Este modelo destroza también sus estructuras de producción", dice, "porque son empresas europeas las que se benefician de esos contratos".