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La Unión Europea, el FMI, el BCE y Moody's aplauden las nuevas medidas de Grecia

El Gobierno griego aumenta el IVA, los impuestos al tabaco y al alcohol y reduce las pagas extra de los funcionarios para ahorrar 4.800 millones

El camino de Grecia hacia la recuperación de esa credibilidad perdida que tanto preocupa a su primer ministro, Yorgos Papandreu, parece más cercano. Este miércoles, la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluso la agencia de calificación de riesgo Moody's han valorado las nuevas medidas de Grecia para afrontar una crisis que ha puesto al euro ante su primer gran reto.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha asegurado que "la Comisión celebra el anuncio del Gobierno griego de introducir un conjunto de medidas adicionales de consolidación", en un plan que ha calificado de "ambicioso" y del que ha asegurado que "ahora en la buena vía". En un comunicado, el BCE ha afirmado que aprecia y espera la aplicación de esas medidas", mientras que el FMI ha ofrecido su colaboración al Gobierno griego y ha pedido más reformas que complementen el plan de austeridad. Moody's, que rebajó la calificación de la deuda de Grecia a A2 con perspectiva negativa, cree que "las nuevas medidas representan una manifestación clara de la resolución del Gobierno heleno de controlar las finanzas pública. Los mercados también han recibido bien la noticia y han registrado subidas generalizadas.

En concreto, las medidas, anunciadas ayer y aprobadas este miércoles suponen un recorte adicional del gasto público de 4.800 millones de euros a través de subidas de impuestos, entre otras medidas, en un intento por convencer a sus socios del euro y a la Comisión Europea de que puede cumplir con las estrictas condiciones impuestas por la UE y las medidas que necesita para reducir su alto déficit público. No obstante, si los pasos que está dando para demostrar su compromiso no convencen a la UE, la República helena ha amenazado con solicitar ayuda al FMI si no recibe el respaldo de sus socios europeos.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Yorgos Petalotis, el primer ministro Papandreu ha trasladado al Consejo de Ministros que ya han "hecho lo necesario" para empezar a reducir el déficit público del país, que asciende al 12,7% con una deuda que supone el 110% del PIB. "Ahora le toca a Europa", ha llegado a afirmar antes de advertir de que "si la UE no nos da el respaldo político, Grecia podría recurrir a la ayuda del FMI".

Entre las actuaciones que el Gobierno de la República helena llevará a cabo para lograr reducir el déficit al 8,7% del PIB este año, este miércoles ha confirmado que subirá el IVA entre el 0,5 y el 2%, en función del tipo de productos, y los impuestos a los carburantes, lo que encarecerán el litro de combustible entre 3 y 8 céntimos, y el tabaco.

Tijeretazo a los funcionarios

Asimismo, en su tercer progama de ajuste anunciado desde enero, también ha congelado las pensiones y ha adelantado que recortará en un 30% la primera de las dos pagas extra de los funcionarios y en un 60% la segunda. El colectivo de trabajadores públicos, formado por unos 600.000 empleados y que ya tiene congelado su salario base, ha anunciado que volverá a movilizarse contra la medida. En este sentido, las medidas aprobadas para apretar un poco más el cinturón a los griegos se unen a las ya anunciadas en febrero, aquellas valoradas como un ahorro de entre 8.000 millones y 10.000 millones de euros y que fueron contestadas por los sindicatos con una huelga general el pasado día 24.

No obstante, si los pasos que está dando para demostrar su compromiso no convencen a la UE, ha amenazado con solicitar ayuda al FMI si no recibe el respaldo de sus socios europeos. Según fuentes gubernamentales citadas por la televisión nacional NET, el primer ministro, Yorgos Papandreu, ha trasladado al Consejo de Ministros que ya han "hecho lo necesario. "Ahora le toca a Europa", ha llegado a afirmar antes de advertir de que "si la UE no nos da el respaldo político, Grecia podría recurrir a la ayuda del FMI".

Desde Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Duräo Barroso, ha ratificado que sus socios de la UE están siendo "solidarios" con Grecia, aunque no ha concretado cómo se concretará esta solidaridad. Los máximos responsables comunitarios han expresado desde el estallido de la crisis su rechazo frontal a una intervención del FMI en Grecia, lo que se vería como una injerencia y una prueba de la insuficiencia de la UE, asegurando que Europa tiene "los medios apropiados" para afrontar el problema.

En este punto, la fecha escogida por el Gobierno griego para aprobar la subida de impuestos y lanzar su amenaza de recurrir al FMI no es casual. Este viernes, una delegación del Ejecutivo con Papandreu a la cabeza viajará a Berlín para entrevistarse con la canciller alemana, Angela Merkel, quien debe liderar junto a Francia una eventual operación de rescate de Grecia. Sin embargo, en la cita, tal y como ha adelantado este miércoles un portavoz del Gobierno de Alemania, que ha celebrado las medidas confirmadas por Atenas aunque les ha exigido que garantice su cumplimiento, no se anunciará ninguna ayuda.

Investigación de Bruselas

Sin salir de la crisis de Grecia y su impacto en la eurozona, la CE hará una investigación interna en torno al comercio de productos financieros derivados como los CDS (seguros contra impagos) relacionados con Grecia y otros países de la UE mientras los fondos de alto riesgo elevan la apuesta y especulan contra el euro, según el nuevo comisario Michel Barnier. "Quiero saber quién hizo qué... quiero entenderlo", afirma Barnier, comisario de mercado interno, en declaraciones que publica este miércoles el diario británico Financial Times.

También el presidente de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, lord (Jonathan Adair) Turner, ha ofrecido su apoyo a una investigación de las posiciones de carácter especulador en ese tipo de instrumentos, que se benefician de la caída de los precios de la deuda soberana y empresarial.

Algunos fondos de alto riesgo como Brevan Howard y Moore Capital han llegado mientras tanto a la conclusión, según el periódico, de que es más "seguro" especular contra el conjunto de la eurozona y no contra países concretos por los riesgos políticos y la regulación que entraña el posicionarse contra países concretos.

Según Financial Times, en su última carta a los inversores, el mayor fondo hedge europeo, Brevan Howard, que gestiona unos 27.000 millones de dólares, señala que la venta en corto -especulando a la baja- de bonos de la eurozona están expuestos a una fuerte regulación. Por su parte, en carta a los inversores, Moore Capital acusó a la Unión Europea de culpar al sector de los fondos de riesgo sin conocimiento de causa y negó que mantuviese actualmente posiciones cortas contra la deuda griega.

España propone una Fiscalía Europea para combatir los ataques al euro

La presidencia española de la Unión Europea ha lanzado este miércoles el debate para crear una Fiscalía Europea cuya misión será combatir las infracciones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión, una figura prevista en el Tratado de Lisboa y que, en opinión del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, debería coordinar la respuesta penal ante cualquier ataque contra el euro.

"Es indudable que si existiese un fiscal europeo y se produjese un ataque combinado contra la moneda europea, que es uno de los principales intereses económicos y financieros de la UE, debería coordinar la respuesta penal frente a ese ataque", ha dicho Conde-Pumpido en rueda de prensa en Bruselas poco antes de presidir un grupo de trabajo de expertos sobre la futura Fiscalía.

Conde-Pumpido ha justificado la puesta en marcha de este instrumento por razones de "eficacia y coherencia institucional" porque el desarrollo de una Europa de los ciudadanos exige un "sistema de protección de los intereses financieros de la comunidad que disponga de una autoridad central de persecución penal".

Esta función no la pueden ejercer en este momento ni Eurojust y ni la Oficina de lucha contra el fraude (Olaf) porque carecen de una perspectiva general de persecución penal y de la eficacia necesaria para llevar los procedimientos a los órganos judiciales de cada Estado miembro.

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