Nuevas reglas de juego para las licencias

"Pedí la licencia para un negocio en marzo de 2008 y no tuve noticias hasta mayo de 2009 cuando me llamaron porque faltaba documentación. Con este retraso tenemos que acabar abriendo en la más absoluta ilegalidad", se lamentaba un hostelero madrileño. A partir del uno de abril, conseguir una licencia de actividad en Madrid será más rápido, o eso pretende el Ayuntamiento con una nueva ordenanza aprobada en junio en la que se da entrada a la participación empresas privadas, las entidades colaboradoras en la gestión de las licencias (ECLU).

La semana pasada dio un paso más en el nuevo modelo de gestión, que intenta evitar situaciones como la que denuncia el hostelero, al crear la Agencia para la Gestión de Licencia de Actividades, oficina única que se ocupará de la gestión, inspección y disciplina de las licencias de actividades o negocios.

Tres de 27 entidades colaboradoras que están realizando el curso han sido creadas por colegios profesionales

Hasta 500 millones puede suponer a los establecimientos de ocio madrileños someterse a revisar la licencia cada siete años

La Agencia nace para garantizar y controlar el funcionamiento de las ECLU y se espera que se aprueben sus estatutos en el pleno de febrero. Este organismo autónomo absorberá las competencias en esta materia que se repartían el Área de Urbanismo y Vivienda, la de Medio Ambiente y las juntas de distrito. Hasta el uno de junio no tendrá las de inspección, sanción y disciplina de las actividades.

El Consistorio sólo tramitará las solicitudes que se presenten con el certificado de las ECLU. Estas entidades acreditarán que la actividad se ajusta al ordenamiento pero la concesión de la licencia seguirá siendo competencia municipal.

El plazo de presentación a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para recibir autorización operativa expiró el pasado 15 de octubre y los cursos de formación que da el Consistorio han comenzado este mes y acabarán en marzo. De las 38 aspirantes han obtenido el visto bueno 27. Inicialmente, sólo atenderán los trámites más simples y no estarán plenamente operativas hasta enero de 2011.

Tres de las sociedades presentadas han sido creadas por colegios profesionales: I2U2, por el de ingenieros industriales; ECITI, por el de ingenieros técnicos industriales y Sociedad Técnica de Tramitación, por el de Aparejadores. Ha quedado fuera la solicitud del colegio de Arquitectos (COAM) que se presentó como institución. Su decana, Paloma Sobrini, considera que "no deben ser empresas privadas con ánimo de lucro quienes tengan competencia para emitir los informes, actuación que los colegios profesionales vienen haciendo desde hace más de 70 años".

Sobrini, considera que el problema, en todo caso, no es quien supervise un proyecto, sino que la normativa actual es incumplible por contradictoria. "Es prácticamente imposible abrir un negocio en Madrid. El 80% de la economía se sustenta sobre empresas de menos de 20 empleados. Pues bien, para el 90% es imposible conseguir una licencia. Buena parte de los establecimientos carecen de ella, con el riesgo que eso comporta".

No es la única detractora. Junto al COAM presentaron también recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los colegios de Gestores Administrativos, Ingenieros Industriales y el de Ingenieros Técnicos Industriales. También la Plataforma Empresarial por la Calidad de Ocio y Turismo, la oposición socialista y la Comunidad de Madrid. A juicio del gobierno regional, la ordenanza carecía de respaldo legal; respaldo que le otorgó en diciembre tras una enmienda del grupo popular a la Ley de Medidas Liberalizadoras regional que, según el diputado del PSOE, Antonio Fernández Gordillo supone "privatizar el urbanismo".

Aunque con absoluto acuerdo con el modelo de las ECLU y la Agencia que califica de "paso de gigante en la agilidad y transparencia", el concejal presidente de la Junta de distrito de Villa de Vallecas, Ángel Garrido del PP, sostiene que la descentralización que suponen las juntas permite dar mejor servicio al ciudadano.

Desde la bancada contraria, el portavoz del PSOE David Lucas, afirma que, "en lugar de fortalecer las juntas de distrito que hacen una gestión cercana al ciudadano, la ordenanza las deja casi sin competencias, algo llamativo cuando muchas atienden a mayor población que muchos municipios".

Una disposición de esta ordenanza contempla que si su aplicación acarreara un mayor coste, éste se detraería del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) o de las tasas de licencias. Pero el portavoz del PSOE no lo ve claro: "no garantiza a futuro que las ordenanzas fiscales municipales modifiquen elementos esenciales de los tributos para compensar a estas entidades". El encarecimiento no será sólo para el ciudadano de forma directa. "Crear una nueva estructura como la agencia es un gasto".

El PSOE mantiene que la ordenanza no tiene cobertura legal para crear obligaciones al ciudadano como la de que, para ejercer el derecho a pedir una licencia, cuente con un certificado previo expedido necesariamente por una entidad privada, pagar una tarifa para obtenerlo o someterse a un control periódico de actividades. Cayetano Prieto, del departamento jurídico del Ayuntamiento, aclara que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite a las ordenanzas municipales ampliar su capacidad de innovar el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, Lucas desmiente que los plazos de tramitación se vayan a acortar porque hay superposición entre la ordenanza nueva y la de 2004.

Revisión cada siete años

Las ECLU verificarán cada siete años que el ejercicio de las actividades (cafeterías, restaurantes...) se ajusta a normativa de la licencia concedida. Y este es el punto que hizo ponerse en pie de guerra a la Plataforma Empresarial por la Calidad del Ocio y el Turismo de Madrid que agrupa a hosteleros y empresarios de ocio.

Su portavoz, Javier Zamora, cuantifica el impacto económico para un sector que acusa lo peor de la crisis de esa revisión extra. "Si hay 24.000 locales de hostelería en Madrid (un 60% de los 40.000 en la Comunidad de Madrid) cada revisión de las ECLU costará unos 1.500 euros por local. Y cada proyecto técnico unos 4.000 euros y la obra correspondiente otros 20.000 de media. Unos 500 millones euros". Por otra parte, "es un nuevo control a añadir a los trimestrales, anuales, mensuales y quinquenales. Bastante tenemos con intentar sobrevivir", indica Zamora para quien la nueva ordenanza se aleja de la Directiva europea de Servicios.

17.000 licencias pendientes

Estas empresas privadas permitirán que el funcionario reciba sólo expedientes completos, pero tiene que recabar informes a otros departamentos para asegurar la prevención de incendios, requisitos medioambientales, protección de patrimonio, seguridad, salud... Para la apertura de un hotel, el listado de preceptos a cumplir contiene 13 normas entre decretos, leyes y ordenanzas, desde el Plan General de Ordenación Urbana y el Código Técnico de la Edificación, pasando por la prevención de incendios, protección del medio ambiente o accesibilidad, tal como se ve en la documentación que dan los informadores urbanísticos que atienden al ciudadano en cada junta de distrito, mañana y tarde.

"Estas exigencias legales dan mayor seguridad al empresario y al ciudadano pero abren el debate de si queremos un modelo de funcionamiento como el anglosajón: el empresario asume los riesgos y sólo después de abierto el local es inspeccionado", anota Cayetano Prieto.

De momento, en mayo había casi 17.800 solicitudes pendientes de resolución y quejas de actuaciones irregulares que se destaparon con el caso Guateque. Al otro lado de la ventanilla, el Consistorio acumula unos 300 folios impresos por las dos caras con fallos u omisiones en la documentación presentada. "Hay salidas de emergencia que abren en el sentido contrario de la evacuación", comentan en el Consistorio.