El Gobierno ofrece a las regiones participar en un nuevo impuesto a las apuestas 'online'

El Gobierno está trabajando para presentar durante el primer semestre, coincidiendo con la Presidencia Española de la UE, un anteproyecto de Ley de Juego Público que regule a este sector y, más en concreto, el emergente negocio no regulado de las apuestas por Internet. En este sentido, ha ofrecido a las comunidades autónomas una parte de lo que se recaude con esta nueva modalidad de juego que, en su conjunto, facturó unos 75 millones de euros en 2008, según estimaciones.

Según ha explicado el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández, "las comunidades autónomas tendrían una participación de los ingresos derivados de esa nueva regulación del juego", tal y como estableció en 2007 la disposición adicional vigésima de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

No obstante, el Ministerio de Economía sigue negociando con las comunidades, con las que se reunió la semana pasada para transmitirles los criterios sobre los que, en su opinión, debería regularizarse las apuestas on line y "la forma en qué participarán" en estos nuevos impuestos. Es decir, "si lo recaudarán ellos directamente o lo recaudará el Estado", ha explicado el director de LAE.

El Ejecutivo todavía no ha elaborado un borrador de anteproyecto, pero tiene sobre la mesa un documento de trabajo con los criterios para regular el sector del juego en España y más concretamente, las apuestas a través de Internet, un negocio que se ha desarrollado los últimos años en España sin ninguna legislación que lo controle.

En ese primer documento, que aún "no es un texto de ley", ha matizado Fernández, se "autoriza la existencia de empresas privadas" que compitan en Internet con los juegos públicos que gestiona LAE, pero se exige a estos operadores que cumplan una serie de criterios y se establecen sanciones para los infractores. En la práctica, muchas de estas empresas de apuestas en Internet funcionan en España, pero, en ocasiones, tienen su sede social en otros países por lo que no pagan impuestos aquí.

Con vistas al futuro, González ha adelantado que sólo podrán operar "empresas serias y solventes tanto económica como técnicamente". Además, deberán "aportar una serie de garantías económicas y técnicas" y se supervisará que los operadores no permiten el "acceso a menores o gente que está excluida voluntariamente de jugar".