Chevron demanda a Ecuador ante el Tribunal de La Haya

La petrolera estadounidense Chevron-Texaco ha demandado al Gobierno de Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por supuestas violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones entre ambos países, anunció ayer la compañía.

En un comunicado, Chevron afirma que ha presentado una demanda de arbitraje internacional contra el Gobierno de Ecuador, citando violaciones a las obligaciones del país, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones y el derecho internacional. Según la petrolera, el Gobierno de Quito se ha aprovechado del juicio que habitantes de la Amazonia ecuatoriana mantienen contra Chevron, por supuestos daños ambientales, y en el que exigen una indemnización de 27.000 millones de dólares.

Además, la empresa sostiene que el Ejecutivo ecuatoriano no ha cumplido con las obligaciones contraídas hace una década, cuando admitió que en el futuro no ejercería ninguna reclamación contra la compañía, al dar por aceptado un acuerdo de reparación ambiental presentado por la petrolera estadounidense.

"El arbitraje [solicitado por Chevron] se ha iniciado ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en el marco del Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional", sostiene el escrito de la compañía.

La reclamación se refiere a la demanda por daño ambiental que afronta Chevron en la Corte de la provincia amazónica de Sucumbíos, donde la petrolera Texaco, comprada por Chevron en 2000, operó entre 1972 y 1992, "como socio minoritario de un consorcio que exploraba y producía petróleo en virtud de contratos con Ecuador" y su empresa estatal, Petroecuador. A través de la demanda en La Haya, "Chevron persigue la aplicación efectiva del documento de finiquito y de los acuerdos de liberación que el Gobierno del Ecuador firmó con Texaco Petroleum, cuando se concluyó el consorcio", apunta el comunicado.

Acuerdo firmado en 1992

El Gobierno de Quito está usando el proceso legal en Sucumbíos "para eludir las obligaciones ambientales de la empresa estatal de petróleo", señala en el texto Hewitt Pate, vicepresidente y director legal de Chevron. Además, Pate afirma que, "ya que el sistema judicial de Ecuador es incapaz de funcionar independientemente de la influencia política, Chevron no tiene más opción que ampararse en el tratado entre Estados Unidos y Ecuador", para presentar la demanda contra el Gobierno del país andino. También recuerda que, tras finalizar su operación, en 1992, Texaco negoció un acuerdo de finiquito con Ecuador y Petroecuador, mediante el cual la petrolera asumía la responsabilidad de determinados proyectos de remedición ambiental, en proporción a su participación minoritaria.

"En 1998, después de que las tareas de saneamiento necesarias fueron realizadas y validadas de forma independiente, Ecuador y Petroecuador liberaron a Texaco Petroleum y sus afiliados de cualquier compromiso legal futuro", añade el escrito. Por eso, según Chevron, "Ecuador asumió la responsabilidad de cualquier impacto remanente generado por las actividades del consorcio antes de 1992, así como de cualquier efecto futuro en el área del antiguo consorcio, producido por las operaciones propias de Petroecuador".

Según la petrolera, "la actual demanda en el Ecuador pretende obligar a Chevron a pagar por los fallos de Petroecuador", y acusa al Gobierno de Ecuador de violar sus contratos y el tratado bilateral, "en colusión [pacto ilícito en perjuicio de terceros] con los abogados litigantes que demandan a Chevron". Además, la petrolera estadounidense ha acusado al Gobierno de Quito de injerencia en el juicio y de apoyar abiertamente a los miles de colonos e indígenas de la Amazonia, que acusan a Chevron por el daño ecológico y social causado en esa región.

Esta acción de la petrolera se da pocas semanas después de que presentara un vídeo, obtenido de forma subrepticia, que involucra al juez ecuatoriano Juan Núñez, que sigue el caso por daño ambiental en Sucumbíos, en una supuesta trama de soborno en perjuicio de Chevron.

Chevron afirma en su comunicado que la notificación de la demanda de arbitraje en La Haya "ha sido entregada a la Procuraduría General (Fiscalía) de Ecuador, así como al presidente ecuatoriano", Rafael Correa. También recuerda que, "al nombrarse los árbitros que escucharán el caso, el tribunal establecerá un calendario de reuniones de información y argumentos".