Una década esperando una casa

Más de 300 familias llevan una década pagando el suelo de unas viviendas en el PAU de Arroyo del Fresno que sólo existen sobre plano. Es el único de los desarrollos del norte de Madrid sin edificar y con la gestión paralizada. Las familias denuncian pasividad por parte del Ayuntamiento, que no ejecutó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ni la recurrió y que ha esperado tres años para solicitar que se considere imposible de ejecutar.

De estos cooperativistas, unos 200 aspiran a una vivienda protegida. Cada mes tienen que afrontar el pago de un alquiler o de la compra de otra vivienda, y además pagan los intereses por la compra del suelo. Les resulta imposible simultanear estos pagos con los adelantos de su futura vivienda en el PAU.

El Ayuntamiento tardó tres años en pedir al tribunal que no se ejecutara la sentencia que tampoco recurrió

P. L. y su esposa se apuntaron a la cooperativa Terrazas del Golf en diciembre de 2000, con la idea de mudarse a su nueva casa en Arroyo del Fresno, cuatro años después.

Ahora tiene tres hijas, de dos, seis y ocho años y ni rastro de la vivienda. "Llevamos pagados 230.000 euros. Nos dicen que hemos hecho una inversión muy buena, pero no queremos invertir, sino vivir con espacio suficiente para nuestras hijas". Emilio Agón es profesor y se enfrenta al desafío de pagar tres casas a la vez: la que habita con sus hijos, la de su esposa, destinada fuera de Madrid y la del PAU. Sólo por ésta, inexistente, paga mensualmente 815 euros en concepto de intereses por el dinero pedido al banco para comprar el suelo. Ha desembolsado ya 100.000 euros.

Los cooperativistas han pagado una media de entre 66.000 y 180.000 euros. Y afrontan desembolsos mensuales, en algún caso de 900 euros, sólo en concepto de intereses por el crédito obtenido para comprar el suelo.

Aunque les fueran reintegrados esos pagos adelantados, no podrían acceder a otra vivienda en un enclave similar. El PAU engloba el campo de la Real Federación Española de Golf, abierto desde 2005 y cuenta ya con estación de metro acabada. El futuro barrio está completamente urbanizado, (como puede verse en la foto) con farolas, papeleras, bancos, aceras y viarios incluyendo un carril bici en perfecto estado. De los ladrillos, ni sombra.

El desarrollo tiene previsto la construcción de más de 2.754 viviendas, de las que más de 1.500 serán protegidas. ¿De qué depende que se pueda empezar a edificar? El primer paso es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncie en unas semanas sobre la ejecución de una sentencia de 2005.

En su fallo tiene que pronunciarse entre obligar al Ayuntamiento a ejecutar una sentencia de 2005 (reelaboración de los coeficientes de edificabilidad) o basta con indemnizar a los reclamantes. Aquel veredicto respondía a la impugnación presentada en 1999 por varios propietarios contra el plan parcial y el convenio urbanístico que habían acordado Cleón (participada por Telefónica y cuyo suelo fue a parar a FCC y ACS) y el Ayuntamiento.

La citada sentencia obligaba a que se sustituyan los coeficientes de homogeneización (redistribuyen cargas y beneficios de manera que ningún propietario salga perjudicado) por otros que cumplieran con la legalidad, además de apercibir sobre las consecuencias de la desobediencia, con lo que ningún funcionario municipal mueve ficha.

Pasividad municipal

Varios cooperativistas denuncian "la especulación feroz de los grandes propietarios FCC y ACS con esos terrenos, apoyados por el Ayuntamiento de Madrid, en los años iniciales mientras se llevaba a cabo la tramitación del resto de los PAU del Norte". Y ponen en evidencia "la total y continuada inactividad del Consistorio ya que, a pesar de que los propietarios de suelo incumplieron los plazos legales, no actuó y favoreció así intereses especulativos". Posteriormente, y ante la sentencia que anulaba los coeficientes, explican los cooperativistas, el Ayuntamiento no recurrió en forma y plazo ante el Tribunal Supremo. En 2006 le fue notificada la sentencia firme y no sólo no dio ningún paso para ejecutarla, sino que ha esperado tres años para dirigirse al juez pidiendo su inejecución. "La inactividad total del Ayuntamiento es clamorosa".

Desde enero vienen solicitando ser recibidos por Pilar Martínez, Delegada del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, sin éxito.

En caso de que el TSJM acepte la postura del Ayuntamiento de indemnizar a los reclamantes, en lugar de calcular nuevos coeficientes de edificación -lo que llevaría a más reclamaciones- el siguiente paso es aprobar la modificación del plan parcial ya muy adelantado. En segundo lugar, los propietarios tendrían que presentar los proyectos de reparcelación que son los que asignan las parcelas a cada propietario. Estos podrían tramitarse simultáneamente a la modificación. Una vez aprobado, podrían comenzar a pedir licencias de edificación. Cinco años es un plazo optimista pero posible para que, al fin, puedan hacerse con las viviendas.

"El peor enemigo del gobierno municipal para construir vivienda pública es él mismo", ha afirmado Pedro Sánchez, portavoz del PSOE municipal en referencia al suelo que el Ayuntamiento vendió a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, con capacidad para 1.225 pisos protegidos, también paralizados. Isabel Pinilla, de la EMVS preside una de las dos juntas de compensación. Espera poder adjudicar los pisos antes de que acabe esta legislatura.