El parlamento catalán da luz verde a la gestión de aeropuertos por parte de la Generalitat

La Generalitat avanza hacia la asunción de las competencias de la gestión aeroporturia que establece el Estatuto. El proyecto de Ley de aeropuertos y helipuertos de Cataluña ha superado hoy las emmiendas a la totalidad que contra él habían presentado el Partido popular (PP) y Ciutadans. El diputado de esta última formación José Domingo justifica el rechazo a que la ley abre la puerta a la privatización de estos espacios. Con el apoyo de los partidos del tripartito (PSC, ERC e ICV) y CiU, el proyecto va ahora a la comisión que lo debatirá.

Cuando se apruebe la ley, la Generalitat pasará a gestionar de forma inminente los helipuertos que hay en el Principado, así como los aeropuertos de Lleida-Alguaire, que se está acabando de construir, y el de la Seu d'Urgell, en el caso de que se reabra. También gestionaría el aeropuerto corporativo para el que actualmente se está buscando ubicación. Pero lo que pretende el Gobierno catalán con la ley es dejar clara su capacidad para gestionar los aeropuertos de Reus, Girona y el aeródromo de Sabadell, que actualmente están en manos del Gobierno central porque aún son considerados "de interés general", y cuya desclasificación como tales está negociando la Generalitat. Está previsto que se cree un consorcio para gestionar el principal aeropuerto de Cataluña, el de El Prat.

Y mientras se esperan los avances en la negociación con el Gobierno central, la Generalitat ya desarrolla los instrumentos de gestión que ha presentado esta mañana el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal (PSC), y que complementan el plan de aeropuertos que ya aprobó el Gobierno catalán hace pocas semanas. El proyecto de Ley regula las competencias de planificación y supervisión aeroportuaria de la Generalitat, y crea el ente púlico aeropuertos de Cataluña, que podrá asumir o delegar la gestión de los aeropuertos y los aeródromos.

Iniciativa contra la crisis

Además de este proyecto de Ley, el pleno del Parlament de hoy también ha debatido dos propuestas de CiU que pedían un descuento en la parte que recauda Cataluña del IRPF por gastos sanitarios y alquiler para personas especialmente necesitadas en estos momentos de crisis. Estas iniciativas han sido tumbadas por los grupos que apoyan al Gobierno, que han subrayado que los efectos de reducir impuestos son nefastos para unos presupuestos ya de por sí muy ajustados, y, en cambio, no mejoran demasiado la situación de las personas ayudadas.

Por la tarde, Ciutadans ha denunciado que la Generalitat pretenda desplazar al castellano "de forma íntima y oculta" de las salas de proyección con la ley del cine que prepara, algo que ha negado rotundamente el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, Tresserras ha indicado que la ley sólo pretende expandir la libertad de elección de los consumidores en un mercado, el cinematográfico, dominado ahora por las grandes empresas destribuidoras. La diputada popular María Belén Pajares, por su parte, ha denunciado que la consejería de Sanidad está incumpliendo sus planes de extensión de la asistencia sanitaria. La consejera, Marina Geli (PSC), ha concedido que las estrecheces presupuestarias están retardando los objetivos de acercar Cataluña al nivel europeo de gasto sanitario per cápita, pero recordó los avances logrados.