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Reportaje:

Edenes en peligro de extinción

España aboga por un mundo sin paraísos fiscales.-La próxima reunión del G-20 será decisiva para la inclusión de esta iniciativa dentro del plan de acción contra la crisis

Denostados públicamente sin excepción pero extremadamente difíciles de erradicar. La supresión de los paraísos fiscales (alrededor de 40 jurisdicciones en todo el mundo) es el caballo de batalla de España en la próxima reunión del G-20 prevista para el 2 de abril en Londres. Si bien no es nueva la lucha contra estos polémicos territorios -la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los combate desde el año 2000-, la crisis económica, con todo lo que tiene de penoso e incierto, parece ser una oportunidad histórica para dar una pelea más efectiva.

"Es el tipo de políticas que sólo funcionan si todos las cumplen", enuncia Federico Steinberg, investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano. Steinberg, junto a otros economistas y expertos en finanzas, ha contribuido intelectualmente al informe que contiene las propuestas de la Fundación Ideas -afín al Partido Socialista- para responder a la crisis financiera. Aferrado a este documento, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha iniciado una campaña para persuadir a los líderes del G-20 sobre la necesidad de suprimir los paraísos fiscales.

"Más allá de lo que declaran en público, me gustaría saber si los presidentes que apoyan esta medida pueden sostener la decisión cuando se enfrentan a sus grupos de presión internos y a los intereses creados"

Aunque éste no es un objetivo de primera línea -como, por ejemplo, la mentada reforma de los organismos multilaterales de crédito-, la ambición de acabar con esas jurisdicciones está asociada al desafío de diseñar una regulación para el mercado financiero internacional.

"En principio, todos apoyan la propuesta, pero el hecho de que nunca hayamos podido hacer nada demuestra que en el fondo hay muchas resistencias", apunta Steinberg. El investigador incluso duda de que la iniciativa pueda aplicarse respecto de los españoles con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Expone: "el fenómeno es interesante porque todos los gobiernos consideran que son indignantes, pero luego no saben cómo eliminarlos. Más allá de lo que declaran en público, me gustaría saber si los presidentes que apoyan esta medida pueden sostener la decisión cuando se enfrentan a sus grupos de presión internos y a los intereses creados".

Escondite ideal

Los paraísos fiscales huelen a clandestinidad. "Todo circula a través de ellos: dinero legal, dinero negro, sumas procedentes de la evasión fiscal... Hay acuerdo en que el dinero blanqueado procede fundamentalmente del tráfico de drogas, seguido del tráfico de armas y la trata de seres humanos", enumera la periodista Elise Vincent en un reportaje de Le Monde. Allí encuentran refugio los fondos que sus dueños esconden por los motivos que sean, desde escapar de los controles de la financiación de los partidos políticos hasta evitar que la Justicia investigue la ruta del dinero de un grupo terrorista.

Los organismos internacionales calculan que hay entre cinco y siete billones de dólares depositados en los paraísos fiscales -una cuarta parte de la riqueza mundial, según el Fondo Monetario Internacional(FMI)-. Protegidos en jurisdicciones que facilitan la constitución de sociedades extranjeras, observan un secreto bancario reforzado y eximen de impuestos a los no residentes, estos fondos escapan de las políticas de redistribución de la riqueza. Y en tiempos en que el Estado ha recuperado su papel en el control de los mercados (y su participación concreta en la economía a partir del rescate de empresas privadas), la recaudación fiscal -afectada por la crisis- no puede permitirse el lujo de una fuga de capitales a paraísos del exterior.

La 'praxis' acecha a la teoría

La Fundación Ideas, que preside el ex ministro Jesús Caldera, propone prohibir los paraísos fiscales para 2015. Caldera y su equipo consideran que es posible lograr este objetivo mediante herramientas como un impuesto a los movimientos de fondos que tengan como origen o destino un paraíso fiscal o mayores penas para los que hagan transacciones con bancos de estas jurisdicciones. "En el ámbito de la Unión Europea, se podría aprobar una directiva sobre intercambio de información bancaria, suprimir el secreto bancario y establecer medidas severas de aislamiento financiero para los Estados que no quieran colaborar", sugiere el documento.

Como todo lo que se ensaya por primera vez, no está claro cuáles son las vías idóneas para llevar la teoría al terreno de la práctica. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ofrece comenzar por un proceso de regularización fiscal progresiva que durante un periodo incentive (mediante exenciones tributarias y penales) la repatriación de los fondos. La propuesta incluye destinar esos capitales a la financiación de los programas de los organismos multilaterales de crédito que persiguen reducir a la mitad la pobreza para 2015.

La coordinación entre los Estados es clave en el plan de lucha contra los paraísos fiscales. También es el aspecto más complejo de la cuestión. "Una de las conclusiones de esta crisis es que es incompatible que mercados muy interrelacionados no tengan una misma supervisión supranacional. Lo que pasa es que, en la práctica, esto es muy difícil porque las regulaciones de los países son muy distintas y nadie quiere armonizarse con el país vecino", observa Steinberg.

Klaus Desmet, profesor de Economía Internacional en la Universidad Carlos III, ilustra con un ejemplo las dificultades que suponen las asimetrías fiscales: "si los ahorradores del Reino Unido invierten en Islandia, porque hay menos regulación, y luego ocurre que unos bancos insolventes provocan una crisis financiera en ese país (como ha pasado en el otoño pasado), estos mismos ahorradores pedirán al Gobierno británico que los rescate. Es decir, al final los que pagan sus impuestos en el Reino Unido deben asumir la falta de regulación en Islandia".

Un mínimo de principios comunes respetados por todos -y fiscalizados por el FMI, el Foro de Estabilidad Financiera o el Banco Mundial- podrían revertir este fallo del capitalismo global. De Londres debería salir un consenso así de explícito. Pero aún con un acuerdo de este tipo, los paraísos fiscales no se extinguirán fácilmente mientras, como señala Desmet, existan incentivos para colocar el dinero en ciertas jurisdicciones. Es decir, para evitar controles molestos o para no pagar impuestos.