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COLUMNA

Los paraísos fiscales

Si hay algo que genera hostilidad en el mundo económico es la existencia de paraísos fiscales. Esto es, la capacidad que poseen ciertos territorios para vulnerar las relaciones de igualdad y de leal competencia. La irrupción de estos enclaves a lo largo del mundo, auspiciados por los gobiernos, han desembocado en una situación hartamente peligrosa.

En medio de la actual crisis financiera y económica, los territorios off-shore (así son llamados académicamente) guardan aproximadamente 4,7 billones de euros y, de resultas de su relevancia, han obligado a los ministros de finanzas del G-20 a combatirlos con determinación, tal y como expusieron en la reciente reunión de Washington. De igual manera, nuevas resoluciones de organismos internacionales, como Naciones Unidas, apuestan en la misma dirección afirmando que los "territorios off-shore deben ser atacados por fomentar la evasión de capitales" y por su "posición a desestabilizar el sistema financiero", a la vez que por su "opacidad", puesto que generan conductas improcedentes a la hora de permitir la regulación y la supervisión de los movimientos de capitales y del propio funcionamiento del sistema económico.

Es imprescindible regular las finanzas y garantizar la transparencia de los operadores internacionales

Obama, el presidente electo americano, también se ha posicionado mostrando su beligerancia hacia esas formas opacas de los territorios, advirtiendo que actuará para frenar la planificación fiscal off-shore, aunque suponga enfrentarse a la actuación de algunas multinacionales muy propensas a utilizar este tipo de mecanismo en sus estructuras organizativas internas.

Este asunto provoca, como pueden imaginarse, pasiones y enfrentamientos entre los países. Ciertos centros off-shore, que gozan de alguna reputación, quieren hacer valer el hecho de la existencia de distinciones entre unas jurisdicciones que cooperan con los organismos internacionales y países; y aquellos otros centros que muestran comportamientos agresivos y no-cooperativos. Ello ha servido para incluir, reclamar y exigir entre sus normas los conceptos de información, transparencia y el cumplimiento de las legislaciones. Información para demostrar que no se cometen irregularidades; transparencia para evitar desarrollar situaciones de desventaja competitiva. Y cumplimiento para frenar la dinámica del todo vale.

Por tanto, y de entrada, tenemos la cuestión planteada en los siguientes términos. Se trata, de facilitar la labor de descifrar las opacas estructuras organizativas y pasar a regular los flujos de capitales que fluyen de un centro off-shore a otro (aunque sea desconocido), escondiéndose de la planificación fiscal internacional y del posicionamiento especulador que genera y alimenta incertidumbre en el sistema.

Ante este tema, la Fundación Ideas, asociada al Partido Socialista y que dirige el ex ministro Jesús Caldera, acaba de publicar un informe sobre nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y la economía mundial en el que una vez efectuada una reflexión de lo que ha fallado (y entre las causas refleja la existencia de fallos de mercado; de fallos del Estado, de fallos de política macroeconómica, de complacencia ideológica y de crecientes desigualdades que llevaron a incrementar la volatilidad y una asignación ineficiente de los recursos financieros) se hace hincapié, como no podría ser de otra manera, en la eliminación de las "áreas de impunidad y los paraísos fiscales".

El mencionado informe indica que la OCDE estima que los paraísos fiscales acumulan un patrimonio de casi un trillón de dólares, cinco veces superior al de hace dos décadas; se contabilizan más de un millón de empresas en los mencionados centros off-shore; y el Fondo Monetario Internacional calcula que estos territorios esconden aproximadamente un cuarto de la riqueza mundial.

Varias propuestas están incluidas en las resoluciones finales. La primera, hace mención a la introducción de un nuevo gravamen especial para todo movimiento de fondos que tengan como origen o destino un paraíso fiscal; la segunda, el no reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales; en tercer término, la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios; y en cuarta posición, regular el establecimiento de penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de la utilización de paraísos fiscales.

No cabe duda, como conclusión, que son necesarias actuaciones urgentes para combatir aquellas prácticas que han incrementado los riesgos; por lo que es imprescindible una regulación del sistema financiero que sea garante de la transparencia de los operadores internacionales y que exista una regulación contra los paraísos fiscales cuya aplicación sea más que efectiva.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de diciembre de 2008