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Competencia investiga a las compañías de móviles por pactar los precios

El informe de la CNC dice que Movistar, Vodafone y Orange aplicaron la misma subida del establecimiento de llamada

Pactaron precios. O al menos hay indicios de ello. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha constatado indicios de prácticas anticompetitivas en la concertación de precios entre Movistar, Vodafone y Orange por aplicar idénticas subidas en el reajuste tarifario que realizaron en marzo del año pasado para adaptarse a la Ley de mejora de la protección de consumidores, que ponía fin a la práctica del redondeo.

El organismo de Competencia ha estimado que las compañías de móviles pudieron incurrir en una "práctica concertada no permitida" por la Ley de Defensa de Competencia al haber empezado a aplicar nuevas tarifas simultáneamente. En concreto, se investiga sobre un posible pacto en el reajuste de tarifas que se vieron obligadas a realizar en marzo pasado cuando el Gobierno prohibió el redondeo, y las tres compañías reaccionaron subiendo un 25% el establecimiento de llamada, de 12 hasta 15 céntimos. Las organizaciones de consumidores ya denunciaron en su día que hubo pacto para compensar la caída de ingresos que les suponía la eliminación del redondeo y la obligación de cobrar por segundos la verdadera duración de la llamada.

Las tres compañías han anunciado que recurrirán la medida en el periodo de alegaciones, para lo que disponen de 15 días. Posteriormente, el Consejo de la CNC elaborará un informe y decidirá si impone una sanción económica a las operadoras. La multa puede alcanzar el 10% de la facturación de las empresas. No obstante, Competencia jamás ha llegado a ese límite. La máxima multa fue de 57 millones de euros, impuesta a Telefónica, aunque posteriormente fuera anulada por la Audiencia Nacional.

El informe de la CNC recoge las conclusiones del expediente abierto por este mismo organismo en octubre pasado. En esas conclusiones, la dirección general de investigación de la CNC entiende que el hecho de que Movistar comunicara sus nuevas tarifas de establecimiento de llamada a aplicar el 1 de marzo, con antelación a la de las otras dos compañías, dio tiempo suficiente para que Orange y Vodafone pudieran seguir su ejemplo, y aplicar la misma subida.

El Gobierno encargó un informe a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que dictaminó que el reajuste no había supuesto una subida significativa de las tarifas, pero no se pronunció sobre un posible pacto de precios, alegando que este asunto no era de su competencia.

Movistar ha dicho que las acusaciones eran totalmente infundadas, y resaltó la contradicción de que se les acuse de haber cumplido con la ley al informar con antelación a sus abonados y los organismos competentes de la subida. Desde Vodafone se calificó de "completamente falsas" las conclusiones desde el punto de vista técnico, ya que confunde el coste del estableciento de llamada con el coste total de una llamada desde el móvil. Un portavoz de Orange rechazó "absolutamente" las consideraciones del informe, que considera "injustificadas ya que no responden en absoluto a lo que realmente ha ocurrido".