Competencia expedienta a Movistar, Vodafone y Orange por pactar precios
El organismo investiga si concertaron la subida tras la prohibición del redondeo
Las compañías de telefonía móvil siguen estando en el punto de mira. Competencia ha abierto un expediente a Movistar, Vodafone y Orange para averiguar si pactaron el reajuste de tarifas que se vieron obligadas a realizar en marzo pasado cuando el Gobierno prohibió el redondeo. Las tres compañías reaccionaron subiendo un 25% el establecimiento de llamada hasta 15 céntimos. Las organizaciones de consumidores dicen que hubo pacto para compensar la caída de ingresos. Las compañías lo niegan. Y el Gobierno, que dijo que no había, ahora no abre la boca.
La telefonía móvil está de moda; las compañías que la explotan, no. Les llueven acusaciones desde todos los ámbitos: Bruselas, las autoridades nacionales y las organizaciones de consumidores. Ayer le tocó el turno a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que anunció la apertura de un expediente sancionador contra Movistar, Vodafone y Orange por una presunta concertación en el reajuste de tarifas que realizaron el 1 de marzo pasado, tras la entrada en vigor de la ley que prohibía la práctica del redondeo y obligaba a las compañías a cobrar por segundos.
La investigación se va a centrar en si las operadoras pactaron la subida del establecimiento de llamada, lo que se paga simplemente por contactar con el interlocutor. Y es que las tres compañías fijaron el mismo precio (15 céntimos), tras aplicar un aumento del 25% a este concepto.
Las organizaciones de consumidores pusieron el grito en el cielo, y denunciaron el asunto. Las compañías habían pactado esa subida para compensar la caída de ingresos que les suponía la prohibición del redondeo (facturación en bloque de minuto o medio minuto aunque las llamadas duren menos). Las operadoras afirmaron que el efecto de esta modificación era neutro, es decir, que ingresaban lo mismo antes y después del 1 de marzo.
Ante la algarada que se formó en torno al asunto, el Ministerio de Industria y el de Sanidad (Consumo) encargaron un informe a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El regulador del sector dictaminó en mayo que el reajuste no había supuesto una subida significativa de las tarifas, pero no se pronunció sobre un posible pacto de precios, alegando que este asunto no era de su competencia.
La CNC, el organismo independiente que vigila la libre competencia, ha tomado ahora cartas en el asunto. Ante la denuncia de varias organizaciones de consumidores, ha abierto un expediente sancionador que, en caso de demostrarse la concertación, puede derivar en una multa de hasta el 10% de la facturación de las empresas. No obstante, Competencia jamás ha llegado a ese límite. La mayor fue una impuesta a Telefónica de 57 millones de euros en 2004, anulada posteriormente por la Audiencia Nacional.
No le sera fácil dictaminar sobre el asunto porque hay muchos datos contradictorios encima de la mesa. Así, la CMT indicaba en su informe de mayo que no había observado una subida significativa de precios tras el 1 de marzo. En concreto, indicaba que Vodafone había disminuido sus ingresos un 1%, y Movistar y Orange los habían aumentado un 1,79% y un 2,62%, respectivamente.
Pero cuando echó las cuentas del segundo trimestre, las cosas no estaban tan claras. Resulta que las compañías habían subido sus precios un 4,7% de media respecto a marzo. El aumento era especialmente escandaloso para los clientes de prepago: un 25%.
Queja de los consumidores
Las asociaciones de consumidores no tenían ayer ninguna duda de la culpabilidad de las compañías. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recalcó que éstas han recuperado el 60% de lo ingresado de más por el redondeo -1.300 millones de euros en 2005- gracias al aumento del establecimiento de llamada.
En cambio, las tres operadoras han negado tajantemente que haya habido acuerdo de precios, y anunciaron ayer que presentarán alegaciones en defensa de sus derechos. Todas ellas han coincidido en que el reajuste se produjo el 1 de marzo en cumplimiento de la ley que marcaba ese plazo.
La más beligerante fue Vodafone que indicó que su tarifa media es de 16,85 céntimos por minuto, frente a la media del sector de 18,94, lo que demuestra que no hay concertación.
Por su parte, el Gobierno, que ya dijo en su día que las operadoras eran inocentes guardó ayer silencio. En particular, el ministro de Industria, Joan Clos, que en mayo dijo, que a la vista del informe de la CMT, las actuaciones de las compañías "no configuran una actitud de concertación para evitar la libre concurrencia en el mercado".
Ahora tiene la palabra el CNC. El organismo ha rechazado suspender cautelarmente la subida como pedían las organizaciones de consumidores. Así que las tarifas no se moverán, La posible sanción puede tardar más de un año.
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