Conde-Pumpido critica que los Albertos "se quedarán con el dinero" tras su absolución

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha criticado hoy la sentencia dictada ayer por el Tribunal Constitucional en el caso de los Albertos y ha asegurado que con ella Alberto Cortina y Alberto Alcocer "se quedarán indudablemente con el dinero de la estafa".

Conde-Pumpido ha dicho discrepar "total, radical y profundamente" con la resolución del Tribunal Constitucional que anuló la condena del Tribunal Supremo contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO de Madrid.

Conde-Pumpido ha asegurado, en una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado, que la sentencia del Alto Tribunal "no es la más adecuada para defender a las víctimas" y dijo estar "complementamente convencido de que existe un delito de estafa y falsedad mercantil y de que los hechos no estaban prescritos".

Así, considera que con esta resolución se ha vulnerado "el derecho de los perjudicados a cobrar la indemnización pertinente".

Conde-Pumpido cree que el Tribunal Constitucional "incurre en un exceso de jurisdicción" que resulta "muy preocupante", al "entrar a definir los hechos como prescritos en contra de un criterio del Tribunal Supremo".

El fiscal general del Estado ha agregado que la sentencia del Alto Tribunal es "muy preocupante", porque "le da la vuelta al derecho a la tutela judicial efectiva", que, a su entender, "es un derecho que debe de proteger a los perjudicados".

Aun así, considera que la resolución del Constitucional ratifica que la sentencia del Tribunal Supremo "se dictó con todas las garantía en el ámbito del derecho a la prueba y de la calificación penal".

"En el ámbito constitucional los delitos estaban perfectamente probados y no se había producido ningún tipo de vulneración de derechos constitucionales", ha asegurado Conde-Pumpido.

Comprensión de De la Vega

Menos beligerante se ha mostrado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha confesado que entiende que este tipo de sentencias "puedan provocar una cierta inquietud", pero ha instado a respetar las decisiones judiciales.

"Puedo entender que decisiones de esta naturaleza puedan provocar una cierta inquietud porque parece que puede haber dos tipos de justicia" ha afirmado antes de enfatizar que "es un problema de cultura democrática, en donde tenemos que aprender a respetar la decisiones de los jueces".

En opinión de De la Vega, en este caso se "pone de manifiesto que tanto en la justicia como en la vida, el fondo y la forma siempre es muy importante" y ha comentado que "ha habido una interpretación diferente de prescripción de los delitos por parte del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".

Los afectados reclaman el dinero

Los perjudicados en el llamado Caso Urbanor (28 accionistas vinculados al Grupo San Martín y Grupo Astor) han recordado hoy en un comunicado que Alberto Cortina y Alberto Alcocer tienen pendiente el pago de 40 millones de euros.

"La decisión de la Sala II del Tribunal Constitucional no modifica las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo que declararon que Los Albertos habían estafado a sus socios minoritarios de Urbanor en la venta de los solares de Plaza Castilla", según los afectados.

"Los dos financieros condenados tienen pendiente el pago de más de 40 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas de la estafa y se sentarán otra vez en el banquillo por los nuevos delitos de falsedad documental, denuncia falsa y estafa procesal en grado de tentativa, cometidos en el ''caso de la carta falsa''", expresa el comunicado.