La Generalitat ofrece a France Telecom el control de Al-pi a cambio de su red de fibra

La Generalitat de Cataluña ha ofrecido a France Telecom su 25% en la operadora Al-pi, donde el grupo galo controla el 75% restante, a cambio de segregar la red de fibra que tiene la empresa y traspasarla a la administración catalana, según han avanzado a Efe fuentes del sector de las telecomunicaciones.

La oferta se ha producido en el seno del grupo de trabajo mixto que la Generalitat y la multinacional francesa han creado para buscar una salida a la crisis accionarial de Al-pi que se arrastra desde la pasada legislatura catalana.

En este grupo de trabajo se encuentran el propio consejero delegado de Orange ?la marca de France Telecom para operar en España?, Belarmino García; el secretario de la Sociedad de la Información de la Generalitat y consejero de Al-pi, Jordi Bosch; y el secretario general del departamento de Economía Martí Carnicer, a su vez ex consejero de Al-pi.

Si bien portavoces de la Generalitat y de Orange han declinado hacer declaraciones al respecto, las mismas fuentes del sector han explicado que por ahora el grupo francés se resiste a la transacción, por lo que el grupo de trabajo todavía no la ha elevado oficialmente a las partes.

La propuesta de la Generalitat supone en definitiva que Orange se quedaría el 100% de las acciones en un paquete que incluiría la marca Al-pi, los clientes, el fondo de comercio, con el conjunto de los pasivos de la sociedad, y el personal.

Al-pi, que recientemente tuvo que reducir capital para enjugar pérdidas acumuladas, factura más de 50 millones de euros anuales, está especializada en servicios de telefonía para las empresas y su plan estratégico prevé inversiones de más de 188 millones hasta 2008.

Red de fibra de titularidad pública

Por su parte, la Generalitat quiere segregar de Al-pi su red de fibra, que suma 800 kilómetros, y que ésta vuelva a ser de titularidad pública y para ello ha solicitado que una firma independiente haga una valoración para el grupo de trabajo.

La idea, según las fuentes consultadas, es que la transacción fuese neutra para ambas partes, y que no supusiese desembolso económico alguno.

La oferta de la Generalitat además supone un cambio en seno del tripartito, ya que por primera vez ERC y PSC aúnan sus posiciones en el tema de Al-pi. Hasta ahora el PSC era partidario de vender el 25% de la operadora catalana a los franceses, mientras que los republicanos defendían la conveniencia de comprar el 75% de France Telecom y convertirla en una operadora pública.

Pero el calendario favorece la posición de fuerza de la Generalitat, según aseguran fuentes del sector, puesto que en 2008 ha de salir a concurso la telefonía móvil de la administración catalana, un servicio que ahora precisamente ofrece Orange y que puede llegar a representar un negocio de 20 millones de euros.

Para Orange es clave mantener el contrato de telefonía móvil de la Generalitat, ya que el resto de contratos públicos de la administración catalana, básicamente de telefonía fija, se reparten entre Telefónica o la propia Al-pi.

Hace un año la Generalitat ya optó por no prorrogar su contrato de teléfonos móviles con la entonces filial de France Telecom, Amena, durante dos años más, por lo que éste finaliza en 2007, también con el trasfondo de las tensiones en el seno del capital de Al-pi.

Si bien la intención de la Generalitat era sacar a concurso el contrato de sus móviles en el año en curso, los retrasos provocados por el adelanto de las elecciones catalanas harán que el concurso finalmente se lleve a cabo a principios de 2008.