Bruselas impone la segunda mayor multa de la historia a once compañías por pactar precios
ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi, Japan AE Power Systmes, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider, Siemens Alemania, Siemens Austria y Toshiba son las compañías sancionadas con 750 millones de euros
La Comisión Europea ha anunciado hoy la imposición de una multa de 750,712 millones de euros para once compañías acusadas de pactar los precios de los conmutadores con aislamiento gaseoso. Tras una investigación, Bruselas ha concluido que los grupos de empresas ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi, Japan AE Power Systmes, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider, Siemens Alemania, Siemens Austria y Toshiba se repartieron el mercado de estos productos entre 1988 y 2004.
Esta sanción es la segunda más elevada impuesta por la autoridad de competencia comunitaria después de la fijada en 855,22 millones para un cártel de fabricantes de productos vitamínicos, que fue posteriormente reducida a 790,505 millones por el Tribunal de Justicia de la UE. La multa también supone un récord en las impuestas a una empresa por su implicación en un sólo cartel: Siemens deberá abonar 396,562 millones.
La Comisión ha explicado que, durante dieciséis años, las citadas sociedades manipularon ofertas, fijaron precios, se repartieron proyectos, compartieron mercados e intercambiaron información comercial importante y confidencial. Un comportamiento "completamente inaceptable" para el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, quien ha considerado en una rueda de prensa que es "difícil de calcular" el beneficio obtenido por los grupos sancionados.
Las indagaciones comenzaron cuando una de las empresas implicadas, la suiza ABB, decidió acogerse al programa de clemencia de la Comisión y aportó información sobre estas prácticas ilegales, lo que le ha servido para conseguir una total inmunidad y la conmutación de su sanción, que hubiera sido de más de 215 millones de euros.
Todd ha señalado que, al verse investigadas, otras firmas trataron de colaborar y de incorporarse al programa con el que Bruselas promueve las denuncias entre las propias empresas infractoras, pero "ya era tarde", explicó. El portavoz comunitario ha asegurado que la Comisión está "bastante segura" de las bases legales de esta decisión, aunque prevee que las compañías afectadas recurrirán la pena ante la Justicia europea.
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