La Fiscalía imputa al síndico de Repsol-YPF detenido en Bolivia de "estafa agravada"

Un fiscal de Bolivia ha acusado hoy de "estafa agravada" a un síndico de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, detenido desde el viernes por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato con Petrobras supuestamente lesivo al Estado boliviano. Horas después, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que apuesta por el diálogo con la empresa Repsol YPF, para tener "un buen socio", pero que respeta la investigación iniciada por la Fiscalía.

El fiscal Alberto Cornejo ha presentado la imputación en la Corte de Distrito de la ciudad oriental de Santa Cruz, donde está la sede de la empresa, allanada el viernes de forma sorpresiva por un grupo de fiscales que confiscó documentación sobre el caso. Según ha explicado Cornejo, pedirá en las próximas horas a un juez de turno que proceda a la reclusión preventiva en un penal del síndico de Repsol YPF Saúl Encinas Miranda, de nacionalidad boliviana, que se encuentra detenido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de esta ciudad.

Las oficinas de la Empresa Petrolera Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia, han sido allanadas hoy por la Fiscalía en el marco de una investigación sobre los alcances de un contrato presuntamente irregular de ajuste de precios con la brasileña Petrobras, según fuentes oficiales. La acción de los fiscales, que duró cuatro horas, fue rechazada por la compañía, que consideró "irregular y desproporcionado" el operativo, al tiempo de asegurar que, durante la vigencia del contrato observado, no hubo daño al Estado boliviano.

Andina y Petrobras, dos de las empresas que proveen gas boliviano a Brasil, son acusadas de un "pacto secreto" que burló la fórmula de reajuste periódico del precio del hidrocarburo enviado a tierras brasileñas, como estipulaba el contrato acordado por las autoridades bolivianas.

El fiscal Hugo Iquise, junto a otros cuatro funcionarios resguardados por una veintena de policías ingresaron a las dependencias de Andina cerca del mediodía de hoy para obtener información que la empresa supuestamente se negó a proporcionar cuando se le solicitó.

El caso fue denunciado hace un mes por Gabriel Camacho, director designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Andina, nacionalizada en mayo pasado por el gobierno del socialista Evo Morales. El fiscal reveló que una docena de personas serán llamadas a declarar en relación al caso.

En el momento de la intervención, los principales ejecutivos de Andina, cuyo presidente es el español Luis García Sánchez, no se encontraban en el lugar. Fuentes de la empresa han considerado irregular y desproporcionado el sorpresivo allanamiento efectuado por los fiscales a sus instalaciones.