Aguas Argentinas rechaza los argumentos del Gobierno de Kirchner para rescindir su contrato

La empresa Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez y en la que participa la española Aguas de Barcelona (Agbar), rechazó ayer los argumentos esgrimidos por el Gobierno argentino para rescindir su contrato de concesión, y dijo que ha realizado en el país "un trabajo ejemplar".

"No consentimos esos argumentos como causal de rescisión. Aguas Argentinas ha realizado un trabajo ejemplar desde 1993", cuando comenzó a operar en Buenos Aires y en numerosos distritos que rodean a la ciudad, indicó la firma en un comunicado.

La empresa precisó que su trabajo supuso "tanto la mejora como la expansión de los servicios" y, al respecto, destacó que "más de dos millones de personas pudieron tener acceso al agua potable y un millón a los servicios de desagües cloacales", además de cifrar su inversión en el país en 1.700 millones de dólares(1.400 millones de euros). Destacó que "la asamblea de accionistas de Aguas Argentinas ya había resuelto el 22 de septiembre de 2005 solicitar la terminación del contrato", en medio de una áspera controversia por las tarifas. "Ante la imposibilidad de recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión, la empresa no estaba más en condición de asumir los riesgos y las responsabilidades vinculadas a la prestación del servicio", señaló el comunicado.

Aguas Argentinas recordó que, desde esa fecha, se iniciaron "sin éxito negociaciones con varios inversores para la cesión de la empresa", y añadió que la firma está "movilizada para garantizar que el proceso de transferencia se haga de forma ordenada".

Por su parte, el presidente argentino, Néstor Kirchner, dijo ayer que la rescisión del contrato de Aguas Argentinas permitió terminar con "un agravio y una injusticia", y acusó a la empresa de haberse llevado "cientos de millones" de ganancias. "Durante 15 años se llevaron cientos de millones de ganancias", mientras los argentinos "tienen que rogar" para que les "den una gota de agua", subrayó. Según el mandatario, el Estado argentino retomó el control del servicio público para que "vuelva a ser un bien social y deje de ser un bien para unos pocos".