El Gobierno aumenta las competencias de la CNE para que supervise la OPA de E.On

El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica determinadas funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y mediante el cual se aumentan las competencias del regulador energético cuando afecten a intereses públicos.

Tal y como se esperaba, María Teresa Fernández de la Vega ha anunciado que aumentan, mediante un Real Decreto, las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), para que, de esta manera, el regulador pueda examinar la operación y asegurarse de que la entrada de capital alemán no supone una merma en los servicios a los ciudadanos (como la mejora de redes o el abastecimiento de lugares no rentables).

Según afirmó la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el decreto aprobado permitirá a la CNE analizar operaciones "cualquiera que sea el promotor de la iniciativa que afecte a interese públicos protegibles".

Este nuevo marco permite al organismo regulador supervisar la OPA presentada esta semana por el grupo energético alemán E.ON sobre Endesa, ya que la norma actual no contempla que el regulador se pronuncie cuando una empresa que desarrolla actividades reguladas es comprada por otra, independientemente de si tiene o no negocios en los ámbitos regulados. El nuevo Real Decreto, que refuerza las funciones de la CNE, fijadas en la Ley de Hidrocarburos de 1998, permite al órgano regulador pueda examinar operaciones de calado como la que ahora protagoniza E.ON con su oferta de 29.100 millones sobre la primera eléctrica española.

El Gobierno justifica la decisión de tomar medidas contra la entrada del grupo alemán en que, en la mayor parte de los países europeos, los mayores distribuidores de electricidad y de gas tienen mayoría de capital nacional. Es el caso de Alemania (con E.ON y RWE), de Francia (EDF, GDF ), de Italia (ENI y Enel), Grecia (PPC y Depa), Portugal (EDP y Galp) y Austria (Verbund). En todos los casos señalados, además, existe capital público en la compañías.

Pero esta no es la única medida que el Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros para impedir la entrada del gigante de la energía alemán E.ON en el sector energético español. También se han aprobado un decreto para reducir el déficit tarifario y otro para adecuar la normativa española a las directivas europeas en el sector energético.

El 'déficit de tarifa' en el mercado eléctrico

El Gobierno ha aprovechado la ocasión para hacer algunos ajustes más en el sector con el objetivo de solucionar asuntos como el del abultado déficit de tarifa. En la actualidad, el Ejecutivo abona a las compañías la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que éstas cobran a los ciudadanos, el llamado 'déficit de tarifa'. El problema es que éste se ha desbordado.

El pasado año las eléctricas acumularon un déficit por la insuficiencia de la tarifa de 3.502 millones de euros, según el último informe de la CNE sobre la liquidación del periodo enero-diciembre de 2005. De hecho, el Gobierno sospecha que las compañías lo están manipulando (el Ministerio de Industria ha solicitado una investigación a la CNE). La diferencia gastos-ingresos ha crecido a un ritmo de 20 millones al día, una progresión que, de mantenerse, elevaría el déficit a fin de año por encima de los 6.000 millones de euros.

El ministro de Industria, José Montilla, ha anunciado durante la rueda de prensa que el objetivo de estas medidas es introducir modificaciones "para favorecer la competencia" y cambios técnicos que tienen que ver con el proceso de convergencia para la puesta en marcha del mercado ibérico de la electricidad.

Las modificaciones que afectan al mercado eléctrico y gasista, así como la transposición de las directivas fueron anunciadas por el titular de Industria el pasado día 7 de febrero. Fuentes cercanas al Ejecutivo daban por descontado ayer que las compañías eléctricas recurrirán las decisiones que se aprobaran hoy.