La Audiencia Nacional juzgará a Botín el 10 de enero por el caso de las jubilaciones

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el 10 de enero al presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, por el caso de las jubilaciones millonarias abonadas a los ex directivos de la entidad José María Amusátegui y Angel Corcóstegui, según fuentes jurídicas.

Los magistrados encargados de juzgar el caso serán el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, Ramimunda Peñafor y Luis Martínez de Salinas, quien además será el ponente de la sentencia. Las sesiones de la vista oral se celebrarán lunes, martes y miércoles hasta el 9 de febrero.

En este caso se trata de esclarecer la presunta comisión de delito en el pago de 47,75 millones de euros a José María Amusátegui y de 108 millones de euros a Angel Corcóstegui, ex copresidente y ex vicepresidente del SCH, respectivamente, tras su salida de la entidad.

El presidente del SCH se enfrenta a una pena de 12 o 6 años de cárcel dependiendo de si los hechos son considerados apropiación indebida o administración desleal, ya que las acusaciones particulares plantean ambas peticiones en sus escritos de calificación provisional. Para los otros dos acusados, el ex co-presidente de a entidad José María Amusátegui y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui se piden 8 o 4 años de cárcel por el mismo motivo.

El abogado y accionista del SCH Juan Francisco Franco, autor de la querella contra el presidente del banco, Emilio Botín, por las indemnizaciones millonarias a los ex altos cargos de la entidad José María Amusategui y Angel Corcóstegui mostró hoy su "sorpresa" por la "celeridad" de la Audiencia Nacional en iniciar el juicio oral contra los tres.

Instrucción e imputación

La encargada de instruir el caso fue la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, quien el pasado 26 de abril dictó auto de apertura de juicio oral contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui. La magistrada les imputó a los tres delitos de apropiación indebida y/o de administración desleal, por el pago a Amusátegui de 56 millones de euros y a Corcóstegui de 108 millones, cuando se fueron de la entidad bancaria que ahora preside en solitario Botín.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui. La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

La Fiscalía insiste en que no hay delito y las defensa en que los acuerdos de pago fueron legales y ajustados a lo previsto en los estatutos del banco.