El juicio contra Botín por el caso de las jubilaciones se retrasa al 24 enero

El comienzo del juicio en la Audiencia Nacional al actual presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, al ex presidente José María Amusátegui y al ex consejero delegado Angel Corcóstegui, por el caso de las jubilaciones millonarios, se ha retrasado al 24 de enero.

Así lo han indicado hoy fuentes jurídicas, quienes explicaron que el motivo del retraso es la enfermedad del abogado Ricardo Franco Otegui, que constituye una de las dos acusaciones particulares personadas en el proceso junto a Rafael Pérez Escolar, ex vicepresidente de Banesto en la época de Mario Conde.

También la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre el recurso de súplica presentado por Pérez Escolar, en el que se queja de la sustitución de la juez Angela Murillo por Javier Gómez-Bermúdez, en la presidencia del tribunal que juzgará a los tres ejecutivos.

Además, el ex consejero de Banesto anunció su intención de recusar a Javier Gómez Bermúdez, que se encargó de ejecutar la sentencia del caso Banesto, por el que se condenó a Mario Conde, el financiero Jacques Hachuel, el ex vicepresidente Arturo Romaní, el ex consejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, el ex director general Fernando Garro y el propio Pérez Escolar.

Penas que pueden alcanzar los seis años de prisión

Botín, Amusátegui y Corcóstegui se enfrentan en este proceso a penas que pueden alcanzar los seis años de prisión (en el caso del actual presidente del banco podrían ser dos las penas), así como a multas y la posibilidad de inhabilitación para administrar sociedades.

El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar la entidad a mediados del 2001 el primero y a principios de 2002, el segundo.

Los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar, ex vicepresidente de Banesto en la época de Mario Conde, y Francisco Franco Otegui presentaron una querella contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al dejar la entidad "para dejar el campo libre a Botín".

Tras la instrucción del caso, la Audiencia Nacional dio vía libre el pasado 19 de febrero a la apertura de juicio oral, al considerar que Botín, Amusátegui y Corcóstegui cometieron un delito de administración desleal y que las mencionadas retribuciones fueron "indebidas" y supusieron "un perjuicio económico a los accionistas".

El ministerio fiscal de la Audiencia Nacional ha pedido el sobreseimiento del caso en cuatro ocasiones, la primera en

septiembre de 2003 al no apreciar delitos en las indemnizaciones cobradas por Corcóstegui y Amusátegui, la segunda un mes después, la tercera, el 3 de marzo, y la última, el pasado 16 de junio.