'Los Albertos', investigados por falsa denuncia y falsedad de documento en el 'caso Urbanor'

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investigará dos "posibles delitos de denuncia falsa y falsedad de documento privado" en relación con una carta que Alberto Alcocer y Alberto Cortina usaron contra los constructores Pedro Sentieri y Julio San Martín en el caso Urbanor.

En un auto firmado por el juez Juan Javier Pérez, acuerda "deducir testimonio" para ver si se han cometido estos delitos por usar la citada misiva, enviada por el arquitecto Pedro Sentieri al constructor Julio San Martín, en la que supuestamente ambos pactaban su actuación contra los Albertos.

Esta carta aparecida en el buzón de la editora y documentalista Gloria Álvarez motivó que, posteriormente, Cortina y Alcocer acusaran a San Martín y Sentieri de prestar "falso testimonio" en el caso Urbanor, que ahora tiene procesos abiertos en varias instancias judiciales diferentes.

Esta decisión del Juzgado de Primera Instancia se produce como consecuencia del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó archivar -la semana pasada- las actuaciones contra Sentieri y San Martín en el caso Urbanor, al considerar que esta carta, que les incriminaba en un supuesto delito de falso testimonio contra Cortina y Alcocer, no es concluyente y plantea múltiples dudas.

Los magistrados explicaron que los informes periciales no podían confirmar la veracidad de la carta en la que supuestamente Sentieri propone a San Martín mentir en el juicio del caso Urbanor, que finalizó en marzo de 2003 con la condena de los Albertos a 3 años y 4 meses de prisión por los delitos de falsedad en documento y estafa.

Además, los magistrados de la sección decimoquinta de la

Audiencia Provincial también dudaron de la forma en que apareció la carta -remitida por correo a una particular- y sobre el momento en que salió a la luz -tras la condena de Alcocer y Cortina por el Tribunal Supremo-.

No han ingresado en prisión

Los financieros todavía no han ingresado en prisión, dado que el Constitucional suspendió a mediados de 2003 su entrada en la cárcel, al aceptar el recurso de amparo y hasta que se resuelvan sus alegaciones referentes a la vulneración de sus derechos fundamentales.

También los Albertos han recurrido en casación y amparo el citado auto de la Audiencia Provincial de Madrid y han pedido, además, al Tribunal Supremo autorización para revisar el denominado caso Urbanor.

Entre las decisiones judiciales conocidas hoy figura, también, una providencia firmada por el magistrado Juan Javier Pérez, quien acordó el sobreseimiento libre y activo de las actuaciones del Juzgado de Primera Instancia número 11 para dictaminar si la carta era auténtica o no, a través de varios informes periciales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

De hecho, la providencia suspende la ratificación del informe presentado por la Benemérita, prevista para el próximo 15 de diciembre, en el que se concluía que la firma de la carta era de Pedro Sentieri, pero no se podía acreditar que el resto de la misiva, escrita a través de impresora, fuera auténtica.

Este escrito desestima, además, el recurso de Alberto Cortina y Alberto Alcocer para que se envíe una comisión rogatoria al Reino Unido con el fin de interrogar al director de Inversiones de KIO, Richard Robinson, y estima parcialmente otro recurso de Sentieri y San Martín, que pedían que se archivase esta investigación sobre la carta en la que estaban supuestamente implicados.