Anticorrupción investiga a una filial de Abengoa por supuestos sobornos en Costa Rica
La compañía habría pagado 200.000 dólares al ex presidente de Costa Rica para lograr un contrato
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias en relación al pago de 200.000 dólares por parte de una filial de la empresa española Abengoa al ex presidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez para lograr el contrato de instalación del cableado eléctrico en la capital del país, San José.
Fuentes jurídicas han señalado que la Fiscalía Anticorrupción de España ya ha iniciado contactos con la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de Costa Rica para ver si existe un delito de cohecho realizado por un ciudadano español en el extranjero y de administración desleal.
En estos sobornos al entorno del ex presidente de Costa Rica estarían también implicadas, según las informaciones de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de Costa Rica, empresas de Francia, como Alcatel, y de Taiwán.
Informaciones aparecidas en la prensa indican que la filial de Abengoa, Inabensa, abonó 100.000 dólares a una compañía de Miguel Ángel Rodríguez, hecho que la empresa española ha negado. La filial de Abengoa ha reiterado hoy lo dicho en un comunicado hecho público hace días, donde rechaza "relación alguna directa ni indirecta con pago en favor de funcionarios públicos destinados a facilitar la posible adjudicación de proyectos licitados".
Operación paralizada
Otra filial de Abengoa en Costa Rica, Abener, fue escogida, en julio pasado, para construir el proyecto térmico Garabito, en Montes de Oro de Puntarenas, a unos 100 kilómetros de la capital, con una inversión de 162,4 millones de dólares. Sin embargo, este mes, el presidente ejecutivo del ICE, Pablo Cob, declaró a la prensa que frenaron la compra de esta planta ante las revelaciones de que Inabensa pagó a una empresa de Rodríguez domiciliada en Panamá, Inversiones Denisse.
Actualmente, Inabensa realiza la instalación del cableado subterráneo de la San José, adjudicada en 2001 con un coste de 52 millones de dólares, mediante un contrato con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), una empresa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Los pagos a Rodríguez desde empresas de España, Francia y Taiwán se realizaron supuestamente durante los años 1998 y 2002, años en los que Costa Rica estuvo gobernada por Miguel Ángel Rodríguez, actualmente detenido en el país centroamericano.
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