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La UCE pide al Gobierno que el 50% de la vivienda sea protegida para 2008

Actualmente, según la Unión de Consumidores de España, alcanza sólo el 8% los bancarios "en el segmento hipotecario" superan el 25%

La Unión de Consumidores de España (UCE) solicitó ayer a la Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, la creación, durante el periodo 2005-2008, de un parque de viviendas protegidas que represente el 50% del total de las disponibles en territorio español y que actualmente, según la organización, alcanza sólo el 8%.

Según ha explicado hoy el portavoz de la organización, Dacio Alonso, representantes de la UCE mantuvieron ayer por la tarde una reunión con Trujillo en la que exigieron la aplicación de medidas urgentes "que pongan fin al escandaloso precio de la vivienda en España".

Asimismo, demandaron un mayor desarrollo de la vivienda nueva en régimen de alquiler, de forma que entre 2005 y 2008, supere el objetivo del 12% y alcance el 25% del total de la oferta. En este sentido, Alonso denunció el alto número de viviendas desocupadas en España, tres millones según sus cálculos, y propuso la creación de una agencia estatal y autonómica dedicada al alquiler.

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Conocer al demandante

Entre las medidas que la organización expuso a la ministra para luchar contra el incremento del precio, se encuentra la creación de un "registro de demandantes de vivienda con alguna modalidad de protección pública" con el objetivo de "conocer su perfil". Otro registro público de promotores, constructores y cooperativas de viviendas protegidas, tendría el objetivo, explicó el portavoz de UCE, de controlar a empresarios que "se están aprovechando del boom inmobiliario y no forman parte del sector".

Para mejorar "la seguridad jurídica" de los usuarios, contempla la creación "con rango de ley estatal de un estatuto del comprador y arrendador" en el que se regule la publicidad, los contratos, las garantías y la información. También exige la asociación la adhesión de los promotores y constructores al Sistema Arbitral de Consumo y la garantía de que los contratos de compra-venta de vivienda protegida "serán firmados, visados y controlados por la administraciones públicas" para evitar la circulación "de dinero negro".

Según la UCE, la situación de la vivienda "no es asumible" y denuncia que los beneficios de promotores y constructores sobrepasan el 30% de margen comercial, mientras que los bancarios "en el segmento hipotecario" superan el 25% "a costa de hipotecar a una familia durante 20 o 30 años de su vida y dedicar entre el 50 y el 60% de sus recursos mensuales".

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