La UE acuerda las directrices de las redes transeuropeas de energía
Los ministros de Energía de los 25 rechazan las propuestas de la Comisión
Los ministros de Energía de la UE han alcanzado hoy un acuerdo sobre las directrices de las redes transeuropeas de energía después de la ampliación, pero no cerraron la lista de proyectos prioritarios para recibir financiación "por falta de tiempo", según ha informado la presidencia irlandesa.
Los Veinticinco han rechazado por unanimidad las dos novedades propuestas por la Comisión Europea en esta revisión: la declaración de proyectos de interés europeo para las infraestructuras transfronterizas y el nombramiento de un coordinador que haga de intermediario entre los dos países afectados.
Los ministros consideran que estas medidas son "demasiado burocráticas", en opinión del irlandés Dermot Ahern, y tampoco aportan ningún valor añadido porque la UE dedica muy poco presupuesto para financiar redes de energía, alrededor de 20 millones de euros al año. La comisaria de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, ha lamentado estas supresiones. El Parlamento Europeo deberá ahora ratificar el acuerdo.
La lista inicial de proyectos prioritarios que ahora deberá revisarse para tener en cuenta la ampliación incluye cuatro infraestructuras que afectan a España: la conexión eléctrica Francia-España-Portugal; la red de gas natural entre Argelia-España, Italia, Francia y Europa del norte continental; terminales de gas natural licuado en Bélgica, Francia, España, Italia y Portugal; y finalmente instalaciones subterráneas de almacenamiento en España, Portugal, Italia y Grecia.
Redes de gas
En la reunión de Luxemburgo también se ha adoptado una nueva normativa europea sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas, que entrará en vigor el 1 de julio de 2006. Se trata de la directiva que completa el proceso de liberalización de la electricidad y del gas en la Unión Europea lanzado en la cumbre de Barcelona de marzo de 2002.
El objetivo de este texto es liberar capacidades que no se utilizan en los gaseoductos y garantizar un acceso transparente y no discriminatorio a las redes transfronterizas. Las principales novedades que introduce son la creación de un mercado secundario de capacidad, donde los poseedores de derechos sobre las conducciones de gas que no estén utilizando podran revenderlos para recuperar parte de la fianza pagada. Además, los propietarios de un derecho estarán obligados a utilizarlo o lo perderán.
El gestor de un gaseoducto podrá vender más capacidad de la que dispone a un precio más barato, con la advertencia de que el suministro se interrumpirá si todos los usuarios hacen uso de sus derechos al mismo tiempo, en un mecanismo similar al del overbooking en el transporte aéreo.
