La Unión Europea descarta prorrogar la ayuda al sector de los frutos secos
La UE estudia la posibilidad de una ayuda permanente para los productores de frutos secos o de cáscara
Los ministros de Agricultura de la UE han instado al comisario europeo responsable de ese sector, Franz Fischler, a que presente "con rapidez" un análisis sobre el futuro de la producción de frutos secos, que incluya los aspectos económicos, sociales y ambientales de estos cultivos.
Los ministros han debatido sobre la posibilidad de una ayuda permanente para los productores de frutos secos o de cáscara (almendras, nueces, algarrobas y avellanas) a petición de España, Italia y Grecia, principales países donde se cultivan.
130.000 familias afectadas
Los Estados productores han reivindicado la continuidad de las dotaciones aplicadas a estos cultivos desde 1989 a través de unos planes de mejora de la calidad, que concluyen este año. El comisario de Agricultura, Franz Fischler, ha reconocido que tales planes han contribuido a la modernización del sector, pero ha admitido que los agricultores deben competir con las producciones de los Estados Unidos y de Turquía.
Fischler ha destacado el problema de localización de estas plantaciones, que se dan en zonas de montaña, sin otras alternativas de cultivo y con problemas de riego, por lo que se ha comprometido a estudiar "exhaustivamente" las perspectivas del sector.
El ministro español de Agricultura ha calificado de positiva la actitud de Fischler y ha confiado que en el próximo Consejo de Ministros de la UE, que se celebra en septiembre, haya una propuesta concreta en respuesta a la demanda española.
Arias ha afirmado que España "quiere una ayuda a la hectárea del tipo que sea" y que puede haber otras posibilidades, aparte de incluir esta ayuda dentro de la regulación del mercado de frutas y hortalizas, pero que sean medidas definitivas, para no tener que pedir año tras año la prórroga.
Según datos del Ministerio, 130.000 familias españolas se benefician de los planes de mejora, y estos programas, que ya fueron prorrogados el año pasado, terminarían en el año 2002 para unas 65.000 familias.
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