El Gobierno impone un arbitraje obligatorio para atajar la crisis de Iberia

Rato señaló que el Ministerio de Trabajo ha puesto ya en marcha los mecanismos legales, "para los que hay un plazo en el que las partes pueden designar un árbritro y si no hay acuerdo lo designará el Gobierno, entendiendo que independientemente de los intereses empresariales, existen intereses generales que afectan a la economía general".

De hecho, el Gobierno se apoyó para tomar esta medida en el Real Decreto de 4 de marzo de 1977 sobre relaciones de Trabajo, que en su artículo 10 señala textualmente que "el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio".

No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, declara inconstitucional el primer párrafo del artículo 10 del Real Decreto-ley "en cuanto faculta al Gobierno para imponer la reanudación del trabajo, pero no en cuanto le faculta para instituir un arbitraje obligatorio, siempre que en él se respete el requisito de imparcialidad de los árbitros".

"El incumplimiento de este acuerdo", continúa el citado artículo "podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16" [donde se señalan las sanciones previstas tanto para los trabajadores como para los empresarios que las incumplan].

Esta decisión llegó después de que la compañía suspendiera durante más de cinco horas todos sus vuelos por motivos de seguridad tras la dimisión en bloque de 99 de sus pilotos con cargos de máxima responsabilidad. La actividad fue restablecida a las 5.25 de la madrugada de ayer tras comprometerse 145 pilotos, incluidos los 99 dimisionarios, a permanecer en sus puestos hasta ser sustituidos.

Impugnación del fallo

Tras conocer la decisión, el jefe de la Sección Sindical del SEPLA en Iberia, Jaime Lacasa, anunció que el sindicato acata la decisión del Consejo de Ministros de imponer un arbitraje obligatorio, si bien aseguró que impugnará esta medida por considerar que va en contra de derecho de huelga. En este sentido avanzó que el SEPLA rechazará cualquier propuesta de arbitraje que pueda hacer Iberia y que el sindicato no propondrá ningún nombre.

Lacasa se reafirmó en que Iberia debe readmitir a los 27 pilotos despedidos hasta el momento, y reiteró su acusación de "cierre patronal ofensivo" contra Iberia por la "gravísima decisión" que tomó la compañía de suspender temporalmente todos los vuelos, ya que en ningún momento se puso en entredicho la seguridad de los aviones.

Por su parte, el Consejo de Administración de Iberia, en una reunión extraordinaria celebrada ayer por la tarde para informarles sobre la situación actual de la compañía, manifestó que colaborará con el procedimiento arbitral dictado por el Consejo de Ministros para alcanzar un acuerdo sobre el convenio colectivo de los pilotos.

En un escueto comunicado de prensa de seis líneas, el Consejo manifestó su apoyo al equipo directivo de la compañía, tras la decisión de suspender todas sus operaciones de vuelo.

Aznar apela al "sentido común"

En rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco, Jerzy Buzek, el presidente del Gobierno, José María Aznar, declinó cualquier obligación. "El Gobierno no tiene ya ninguna reponsabilidad en la gestión de una compañía privada", aseguró.

En este sentido el presidente apeló a la "responsabilidad" y a al "sentido común" del SEPLA e Iberia para zanjar el conflicto y afirmó que "el Gobierno ha tomado las medidas necesarias", con el fin de "impedir que haya decenas de miles de personas que se puedan quedar atrapadas, incomunicadas, sin la más mínima posibilidad de viajar, y eso es lo que se hizo ayer".

Mientras el Gobierno alegaba que su intervención en el conflicto de Iberia tenía como objetivo "asegurar la economía nacional", el PSOE y el resto de los partidos de la oposición acusaron al Ejecutivo de "torpeza" y "falta de coordinación" y exigieron su comparecencia en el Congreso.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó la comparecencia del Gobierno en el Congreso por considerar que "está provocando el deterioro y abandono de los servicios públicos". A juicio de Zapatero, Aznar "debe dar la cara y explicar qué esta pasando y qué medidas va a tomar".

El líder socialista esgrimió que lo ocurrido anoche "es producto de una política equivocada de privatizaciones" y del "nombramiento de unos gestores equivocados" lo que sumió a la compañía aérea en una "profunda crisis" ante la que el Gobierno "ha tenido una actitud pasiva".

En la misma línea, el secretario socialista de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico, Juan Fernando López Aguilar, apostó por una reforma "con coraje" de la normativa que evite "chantajes" de grupos profesionales y exigió que el Ejecutivo tome "cartas en el asunto" a través del arbitraje vinculante y con "un mayor protagonismo de los ministerios concernidos".

A su juicio el Gobierno está actuando con "increíble torpeza" y se ha convertido es un "maestro de eludir responsabilidades" y en "señalar con el dedo" a otros.

IU pidió a través de su coordinador general, Gaspar Llamazares, la comparecencia del presidente Aznar para que explique "el vacío y descoordinación" del Ejecutivo y el "importante deterioro" en los servicios públicos. Llamazares responsabilizó al Gobierno de la crisis por considerar que "conocía, compartía y ha promovido" la estrategia de "cierre patronal", y considera "debe dar explicaciones por su actitud y su papel en este conflicto".

El sindicato Comisiones Obreras reprochó la "descoordinación" entre los responsables de Iberia y del Gobierno, y la "escasez de reflejos e iniciativa de los distintos responsables ministeriales"

Puntualidad elevada

La salida de los primeros vuelos de Iberia de ayer transcurrió con normalidad. El aeropuerto madrileño de Barajas realizó hasta las siete de la tarde de ayer un total de 807 de las 1.156 operaciones de vuelo previstas, con una puntualidad media del 90 % y una demora de cuatro minutos, según fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Los vuelos de salida registraron tres minutos de retraso de media, mientras que la demora de las llegadas fue de cuatro minutos.