Fomento presionó a Iberia para reanudar el servicio y amenazó con acciones legales

La carta del Ministerio de Fomento al presidente de Iberia, enviada a última hora de la noche, coincidió con otra en términos similares enviada por Aeropueros Nacionales y Navegación Aérea (AENA). Ambas cartas contrastaron con la primera reacción del Gobierno al conocer la suspensión de los vuelos. Entrada ya la madrugada, el ministro Álvarez Cascos, encareció personalmente a la dirección de Iberia el "restablecimiento inmediato" de todos sus servicios. Poco después, Iberia comunicó su decisión de reanudar las operaciones desde la madrugada de hoy.

El ministro portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas, había asegurado tras el anuncio de suspensión que "el Gobierno no intervendría" porque la decisión de la dirección de Iberia "todavía se circunscribía a un conflicto en una empresa privada"."La actuación del Gobierno se ajusta al decreto de 1977, modificado por el Tribunal Constitucional" añadió Cabanillas. No obstante, avisó que "si la situación se enquistaba, el Gobierno tendría potestad para intervenir en el conflicto". En la misma línea se manifestó el responsable de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. En la noche de ayer un grupo de responsables de Trabajo permaneció reunido para analizar posibles soluciones jurídicas y laborales a lo que definieron como "una complicadísma situación".

Pillados por sorpresa

La suspensión pilló por sorpresa a la mayoría de los ministros. Ni el vicepresidente primero y titular de Interior, Mariano Rajoy, ni el ministro de Defensa, Federico Trillo, tenían noticia de lo que se avecinaba minutos antes de que Irala anunciase su decisión. Una vez que Iberia hizo oficial el anuncio de paralización de su flota, el Ministerio de Interior decidió reforzar urgentemente la seguridad de los aeropuertos, ante el temor a que la indignación de los pasajeros que aguardaban su vuelo degenerase en incidentes. "Se intentó evitar problemas de orden público y de garantizar que la actividad en las instalaciones aeroportuarias se desarrolla con normalidad", dijeron fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, ordenó que se incrementasen los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas tras conversar con Irala.

Por su parte, el PSOE reaccionó formando una comisión de seguimiento integrada por su responsables de Economía, Jordi Sevilla; Autonomías, Juan Fernando López Aguilar; su portavoz de Transportes en el Congreso, José Segura; María Teresa Fenández de la Vega, secretaria general del grupo parlamentario, y su adjunto Antonio Cuevas. La Ejecutiva socialista anunció que hoy mismo solicitará la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, José María Aznar, en un pleno extraordinario del Congreso (ya concluido el periodo ordinario de sesiones) "dada la gravedad de la situación, no sólo por los graves perjuicios que supone para el ciudadano de este país, sino también por lo que representa para la imagen de España en el exterior".

En un comunicado, la dirección socialista expresó su "profunda preocupación" por las cosecuencias de la paralización de la flota y exigió al Gobierno "la intervención inmediata para garantizar la seguridad y el tráfico aéreo a través de las distintas posibilidades e instrumentos que le ofrecen el marco legislativo". El PSOE no dejó de recordar que "la gravísima situación a la que se ha llegado es fruto del abandono de los servicios públicos por parte del Gobierno". El secretario de organización del PSOE, José Blanco, anunció que su partido presentará hoy una batería de propuestas con las medidas que el Gobierno tenía que haber puesto ya en marcha.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, también acusó al Gobierno de "no hacer nada" y de "mirar hacia otro lado" ante el anuncio de Iberia. "Vamos a dar un espectáculo tercermundista en Europa", dijo Alcaraz a Efe, tras recordar que el Gobierno "sigue siendo el regulador" del transporte aéreo.

La decisión de Iberia llegó a provocar un hondo malestar en las comunidades más afectadas por el tráfico aéreo en estas fechas y en las comunidades insulares. El presidente de Canarias, Román Rodríguez y el consejero de Turismo, Juan Carlos Becerra enviaron sendas cartas al Ministerio de Fomento y al presidente de Iberia solicitando la adopción de medidas urgentes para evitar el aislamiento de las islas, ya que la comunidad no dispone de una alternativa al avión. También el presidente de la Comunidad de Baleares, Francesc Antich, mostró la preocupación de su Gobierno por la situación creada y achacó el conflicto a la política de privatizaciones llevada a cabo por el Ejecutivo de Aznar. La Junta de Andalucía también se movilizó. La Consejería de Turismo y Deporte llegó a anunciar que convocaría hoy la Mesa del Turismo para abordar, junto con empresarios y sindicatos, medidas para contrarrestar la suspensión.

Reacción sindical

Por parte de los sindicatos, la reacción a la paralización de vuelos estuvo teñida de críticas hacia el Gobierno y hacia los que consideran principales responsables de la situación: los pilotos. Así, las representaciones federales del sector aéreo de UGT y CC OO pidieron a los trabajadores de tierra de Iberia, irónicamente, que reciban a los pilotos "como se merecen", con muestras de "cordialidad y cariño". UGT señaló que "a esta situación ha conducido la intransigencia del sindicato SEPLA, que únicamente se fijan en su posición de privilegio". CC OO destacó, por su parte, que el conflicto no sólo puso en peligro los convenios en vigor, sino "incluso algunos puestos de trabajo".

La crisis destada en Iberia sirvió ayer al secretario general de CC OO, José María Fidalgo, para advertir que "no hay condiciones objetivas ni subjetivas" para abordar en estos momentos una reforma de la Ley de Huelga, y rechazó cualquier modificación "coyuntural" de la misma.