El Gobierno argentino ratifica su plan de ahorro público mientras la Bolsa se desploma

Mientras, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, ha apuntado que había que acabar "con la histeria financiera" provocada por la desconfianza que causa entre los inversores el abultado déficit público y una recesión económica de más de 30 meses.

De la Rúa y Cavallo asistieron ayer a un desayuno de trabajo con los empresarios más poderosos del país, quienes les expresaron su apoyo a la política de "déficit cero", anunciada por ambos anoche, por la que el Estado afrontará sus pagos con lo que recaude por impuestos, sin recurrir a nuevas emisiones de deuda.

Esta política, destinada a ahorrar 1.500 millones de dólares hasta fin de año, supondrá rebajas en los salarios de los empleados públicos y de los jubilados de mayores ingresos, así como en los pagos a proveedores del Estado.

Desplome del Merval

La caída se ha producido ante el reconocimiento del Gobierno de Fernando de la Rúa de que se ha terminado el crédito para el país y la resistencia dentro de la propia Alianza a aplicar el severo ajuste del gasto anunciado ayer por el ministro de Economía, Domingo Cavallo.

En este sentido, coinciden en que los inversores han tomado nota de que los planes del Gobierno cuentan con un escaso apoyo político y son tajantemente rechazados por los sindicatos, a falta de cuatro meses para los comicios legislativos de octubre.

Así, la Bolsa de Buenos Aires ha iniciado una nueva jornada de descensos pronunciados, que sigue a las vividas en los dos últimos días. El Merval (índice selectivo de los valores más importantes del mercado argentino) caía a cuatro horas del cierre casi un 12%, en medio de un enorme nerviosismo.

Además, las empresas dedicadas a la calificación del riesgo para la inversión empiezan a revisar sus recomendaciones con respecto a la economía argentina. Así, la agencia estadounidense Standard & Poors ha rebajado hoy jueves la calificación de riesgo soberano para la deuda a largo plazo de Argentina desde el nivel B al B-, debido a las crecientes presiones que ha de soportar el Gobierno de De la Rúa, que hoy ha ratificado el nuevo ajuste económico tendente a recortar el gasto público.

Consenso

El ajuste, séptimo que aplica De la Rúa al cabo de 18 meses de gestión, ha sido consultado con los líderes de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Frente del País Solidario (FREPASO), fuerzas que componen la coalición de Gobierno Alianza.

En un comunicado difundido después de un encuentro celebrado entre un grupo de dirigentes de la Alianza en casa de Raúl Alfonsín, que encabeza la UCR, los oficialistas han emitido un comunicado en el que afirman que "frente a esta cruda realidad, hay que actuar rápidamente para estructurar propuestas en un contexto en que el mayor esfuerzo recaiga en los sectores que tienen mayores posibilidades económicas".

Ambos grupos reclaman el consenso con otras fuerzas políticas para hacer frente a la maltrecha situación económica y para apoyar las medidas del Gobierno. Tanto el FREPASO como el UCR creen que es "imprescindible construir de inmediato consensos con otras fuerzas políticas", para salir de la profunda crisis financiera en la que está sumergida el país.

El líder del FREPASO, Aníbal Ibarra, ha dicho que "no es momento de dejar solo al Gobierno", después de que otros miembros de su partido advirtiesen de que con este ajuste se llegó al límite de lo que puede tolerar la Alianza.

Tras largos conciliábulos, la Alianza ha llamado a "construir de inmediato consensos con otras fuerzas políticas para elaborar un conjunto de propuestas que, basadas en la equidad distributiva, den respuesta a esta crisis financiera, económica y social".

También mantienen reuniones de consulta los líderes del Partido Justicialista (peronista), principal fuerza política de la oposición, que gobierna 14 de las 23 provincias argentinas, y ha advertido de que no tolerará recortes de salarios o de recursos para la educación y la asistencia social.

Los sindicatos preparan un plan de lucha y los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país, rechazan el pago de parte de los salarios en bonos públicos anunciado por el gobernador, el peronista Carlos Ruckauf.

Oscar Vicente, presidente de Pecom Energía, empresa del poderoso grupo Pérez Companc, ha destacado hoy que De la Rúa "tomó medidas que había que tomar y que serán complicadas y difíciles de llevar a cabo, pero hay que hacerlo".

Sin embargo, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), que reúne a muchos proveedores del Estado, sostiene que el ajuste "es una injuria para los ciudadanos", un "manejo patético de la política", que traerá más recesión y profundizará la crisis.

En sintonía con sectores de centroizquierda, la APYME reclama que se apliquen impuestos a las compañías adjudicatarias de empresas públicas privatizadas, como la española Telefónica de Argentina, la petrolera Repsol YPF o la ítalo-francesa Telecom.

Los analistas políticos coinciden en que la presión de los mercados ha hecho que el Gobierno optara por poner fin a la "fiesta" de los años 90, período en que el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 43%, menos de la mitad de lo que se incrementó el gasto público, que pasó de 40.000 a 100.000 millones de dólares.