Bruselas obligará a España a subir más de 70 pesetas el precio del tabaco

Según la iniciativa de Bruselas, todos los estados miembros tendrán que aplicar una carga fiscal total de 70 euros por cada 1.000 cigarrillos (11.645 pesetas), mientras que en España actualmente cada 1.000 cigarrillos son sometidos a una imposición de 48,44 euros (8.060 pesetas).

Por cada cajetilla de 20 cigarrillos, actualmente los impuestos totales ascienden a 161,2 pesetas y, con la entrada en vigor de la propuesta, deberán incrementarse hasta las 232,9 pesetas, lo que supone un incremento del 44,5 por ciento de esa carga impositiva.

España es el estado que más tendrá que aumentar los impuestos para cumplir la futura normativa, mientras que en el otro extremo se sitúa el Reino Unido, país que actualmente grava cada 1.000 cigarrillos con una carga de 210,57 euros (35.035 pesetas).

Fuentes comunitarias han definido la iniciativa de la Comisión "como un primer paso" y han precisado que se trata de la primera vez que el Ejecutivo de los Quince propone una modificación de la fiscalidad sobre el tabaco, y lo hace al mismo tiempo en que presenta su tercer examen sobre los impuestos especiales aplicados a los productos de tabaco.

En cuanto a su entrada en vigor, no se excluye la posibilidad de que pueda adoptarse "rápidamente", aunque la propuesta de directiva deberá se adoptada por unanimidad en el Consejo de ministros de la UE.

Una vez haya sido ratificada por los Quince, algunos estados miembros, como es el caso de España, tendrán que aplicar incrementos muy destacados, mientras que para los que ya cumplen y superan la tasa fija de 70 euros que propone Bruselas, "no estarán obligados" a bajar sus actuales imposiciones.

Con esta propuesta, basada en armonizar los impuestos especiales que gravan los cigarrillos y todos los productos elaborados del tabaco (cigarrillos, puros, tabaco de liar, etc) de forma gradual, la Comisión pretende imponer un nivel impositivo mínimo en términos nominales para evitar las diferencias actuales de la carga fiscal que, en algunos casos, llegan a alcanzar el 400%.

También se pretende evitar el desvío del comercio, fraude y las organizaciones criminales "que se aprovechan de la distinta fiscalidad en los países de Europa".